En el cantón azuayo de Camilo Ponce Enríquez los actos terroristas no dan tregua y eso se traduce en zozobra y desesperanza y se debe, en gran medida, por la arremetida del crimen organizado a las actividades mineras.
En el cantón azuayo de Camilo Ponce Enríquez los actos terroristas no dan tregua y eso se traduce en zozobra y desesperanza y se debe, en gran medida, por la arremetida del crimen organizado a las actividades mineras. Secuestrados, decapitados, sicariatos, son crímenes que se registran a diario en esta localidad, sin que se logren ejecutar acciones contundentes para frenarlo. Atrapan a un par de sospechosos, pero hay centenares más libres, que se dan modos para continuar con su ataque sostenido. Lo más escabroso es que conforme avanza la barbarie, y aumenta la espiral de violencia, resultan más horrendos los crímenes que se cometen allí, o al menos, los que quedan al descubierto.
¿En qué momento las minas de Ponce Enríquez se convirtieron en auténticas carnicerías? Lo peor de todo es que en ese pequeño cantón, pero con altos índices de violencia, ni siquiera los reiterados estados de excepción han frenado la arremetida del crimen organizado. Recordemos que ya mataron a un alcalde.
Se trata de estructuras criminales que utilizan la minería ilegal para financiar sus actividades terroristas. Es momento de acciones contundentes, que permitan recuperar al Estado el control sobre esa localidad. Es evidente que hoy no controlan nada, que todo lo que sucede allí registra la observancia, autorización y cuidado de las bandas, que se disputan el control de las explotaciones auríferas, algo similar a lo que ya ocurre en Puerto Bolívar y Bajo Alto, donde pasa el tiempo y más bien se adaptan los habitantes a ser controlados por los delincuentes, a pagar vacunas, a ser extorsionados, a tener horario de ingreso y salida de sus hogares, pues saben que si transitan en su vecindario en horas no autorizadas por las mafias corren el riesgo de morir. ¿Y el Gobierno? No hay respuestas, porque no saben cómo solucionar la problemática, o porque no les interesa resolverlo. No hay resultados en materia de seguridad. No podemos ser indiferentes a esta realidad, al contrario, hay que visibilizarla y exigir respuestas claras y castigar y condenar a quienes más bien prefieran mirar hacia otro lado, o por ineptos o por cómplices, y debe ser la Fiscalía la que determine las razones de por qué tanta inoperancia que cuesta vidas, que deja dolor y que destruye al país desde adentro.