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No está la firma de nadie del PSC, dice Henry Kronfle sobre juicio político contra Sommerfeld


QUITO. Henry Kronfle, titular de la Asamblea, dice que nadie del PSC sus-cribió la solicitud de juicio político contra la canciller, Gabriela Sommerfeld.

QUITO.- “Que yo estoy impulsando el juicio político hacia la canciller Gabriela Sommerfeld... hay cuarenta firmas de apoyo al juicio, que son más que suficientes, y la Asamblea Nacional tiene derecho a hacerlo. Pero ahí no está la firma de Henry Kronfle ni de nadie del Partido Social Cristiano”, manifestó el presidente del Legislativo este martes, 9 de julio, en un enlace radial solicitado para responder a las declaraciones dadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, un día antes.

El pedido de juicio, que se conoció consta de 35 firmas, ya pasó por la Comisión de Fiscalización y recibió cinco votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es señalada por la asambleísta Jhajaira Urresta (Revolución Ciudadana) de presunto incumplimiento de funciones relacionado con la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.

“Que Henry Kronfle está impulsando ese juicio... se han atrevido a decir que es para dejar suelto a Jorge Glas y sacarlo de la cárcel. Primero, qué tiene que ver un juicio político en la arena jurisdiccional, una ignorancia total. El juicio político no tiene incidencia... nosotros no interferimos con otros poderes del Estado, la Asamblea no”, subrayó el presidente del Legislativo en la entrevista que concedió en la cadena Forever.

Kronfle ha dicho también que la atribución de iniciar juicios políticos fue utilizada por el Gobierno de Noboa, de esa forma presentaron tres procesos en contra de tres exministros de Guillermo Lasso. Esos procesos fueron presentados al día siguiente por la bancada de Gobierno con el “afán de dilatar cualquier proceso de fiscalización que el pueblo ecuatoriano exige sobre sus funcionarios”.

El Gobierno ha cuestionado el retiro de firmas en las solicitudes de juicios políticos a tres exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso, con lo cual la Comisión de Fiscalización archivó esos procesos -por no cumplir los requisitos suficientes- e inició el tratamiento del juicio político a Sommerfeld para posteriormente seguir con el procesamiento de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

En tanto, respecto del juicio, la mesa legislativa aprobó el 2 de julio la calificación del enjuiciamiento político a la canciller y lo siguiente era notificar a las partes. Desde el 3 de julio está corriendo el plazo de quince días para que la asambleísta proponente, Jhajaira Urresta, y la ministra Gabriela Sommerfeld presenten sus pruebas de cargo y descargo, respectivamente.

La acusación toma como referencia los hechos ocurridos la noche del 5 de abril de 2024 y sostiene que un grupo de militares y policías, del denominado Bloque de Seguridad, ingresó por la fuerza a la Embajada de México en Quito.

Afirma que el Gobierno nacional ordenó a la fuerza pública la irrupción y allanamiento, sin autorización previa, en una delegación diplomática, en clara contraposición a lo que dispone el artículo 22 del Convenio de Viena, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, y como consecuencia se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte del Gobierno mexicano.

La asambleísta Urresta acusa a la canciller de incumplir sus funciones al no velar por el cumplimiento de normas constitucionales, legales y tratados internacionales respecto de la inviolabilidad de la soberanía de los Estados.

NEGATIVA DE CONCEDER EL SALVOCONDUCTO

La narrativa de esta acusación sostiene que el viernes 5 de abril, en horas de la tarde, tras conocerse la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, Cancillería sacó un comunicado mediante el cual, basándose en la Convención sobre asilo político de 1933 y 1954, declara que no cabe la concesión de asilo diplomático por haber sido condenado por delitos comunes. Declara la concesión de asilo como un “acto ilícito”, y reitera que no concederá el salvoconducto.

La no concesión del salvoconducto, la posterior irrupción y allanamiento de la Embajada de México y la detención del exvicepresidente Glas son una vulneración a sus derechos, pues gozaba de un estatus de protección que impedía su detención. Y reitera que existió un allanamiento sin autorización a la Embajada de México y que se detuvo al exvicepresidente Jorge Glas dentro de dicha embajada pese a que a ese momento gozaba de asilo diplomático.

IMPASE CON RUSIA

La tercera acusación contra la ministra de Relaciones Exteriores determina un supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, pues no propugnó la solución pacífica de las controversias y conflictos internacionales.

Como prueba incluye declaraciones de la funcionaria del 24 de enero de 2024, en las que supuestamente confirma las gestiones para entregar armamento militar comprado a Rusia, catalogándolo como “chatarra”.

Además, dijo: “Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar”.

Sobre este caso, la Cancillería rusa señaló que los contratos para la adquisición del material bélico ruso establecen cláusulas que obligan al Estado ecuatoriano a solicitar autorización previa para traspasar esos bienes a terceros países, situación que en este caso no ocurrió.

PEDIDOS DE

COMPARECENCIA

En el expediente del juicio, la asambleísta interpelante pide a la Comisión de Fiscalización que se llame a rendir testimonio sobre los hechos del 5 de abril al jefe de la misión diplomática de México en Quito, Roberto Canseco, y a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sobre las relaciones diplomáticas con el Ecuador desde diciembre del 2023 hasta la presente fecha, en relación con el otorgamiento del asilo al expresidente Jorge Glas y el allanamiento a la Embajada de México el 5 de abril de 2024. También se pide la presencia de Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador, para que rinda su versión.