Asumió funciones Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Estará en el cargo por seis meses y durante ese periodo, muy corto.

Asumió funciones Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Estará en el cargo por seis meses y durante ese periodo, muy corto, deberá llevar adelante la investigación a los servidores y funcionarios judiciales sobre quienes pesan pesquisas abiertas en la administración anterior, tras las revelaciones de los chats de los casos Purga, Metástasis y Plaga. Pero eso no es todo, también debe encaminar el proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Es allí donde debe haber especial vigilancia al accionar del cuestionado servidor público, en especial, porque llega solo para culminar un periodo.
Bajo estas circunstancias, lo ideal es que el señor Godoy siente bases de los procesos en mención, con transparencia y observatorios que garanticen la legitimidad de sus acciones, que deben ir de la mano de la legalidad de sus actos.
Pero vivimos en Ecuador, un país donde los ciudadanos son los primeros en quejarse, pero cuando les corresponde ejercer su rol como principales fiscalizadores del poder público, prefieren mirar hacia otro lado. Atrás quedó la época del activismo social, de la protesta pública, del escrutinio constante al poder de turno. Todo lo contrario, ahora prefieren refugiarse en un celular a descargar sus amarguras en redes sociales, en lugar de tomar acciones efectivas y contundentes contra lo que consideren injusto.
Por ejemplo: ¿Cuántos ciudadanos vigilan el concurso de selección de jueces y conjueces?, ¿quiénes están en las veedurías ciudadanas?, ¿cuántos concursos públicos cuentan con la observación de los ecuatorianos?, ¿están en realidad interesados con lo que ocurre en el país? Si ahora, que estamos a tiempo de despertar y generar alertas, decidimos mirar hacia otro lado, no tenemos derecho ni al pataleo después, cuando queden seleccionados como jueces, conjueces, consejeros del CNE, fiscales, entre otros, aquellos que no tienen probidad para ejercer la función pública. Las convocatorias a las veedurías son públicas. En los medios de comunicación impresos se publican estos procesos para integrar estos observatorios ciudadanos. ¿A quién le interesa integrar esas comisiones? Como ningún ciudadano común aparece para esos espacios, las veedurías las terminan conformando las propias organizaciones políticas, que son las realmente interesadas en ganar esos concursos. Lo hemos visto en distintos casos y la historia sigue igual.
