QUITO.- El haber suministrado información “precisa, verídica y comprobable” para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables de la causa principal, el caso Metástasis.
QUITO.- El haber suministrado información “precisa, verídica y comprobable” para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables de la causa principal, el caso Metástasis, y para otro que se desprende de esa causa, como el caso Purga, le significaron a la excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, recibir una pena reducida de quince meses de cárcel por ser la autora directa del delito de delincuencia organizada en calidad de colaboradora.
El Universo, informó que el juez Manuel Cabrera en su sentencia oral aseguró que la información y los elementos aportados por Salazar han sido “trascendentales” no solo para la investigación de Metástasis, sino también para el inicio de otros procesos penales e indagaciones.
“Su colaboración debe calificarse como necesaria, pues sin su aporte no se hubieran podido encontrar los elementos para cumplir con una investigación diligente. La información y los elementos obtenidos a través de cooperación eficaz han permitido el establecimiento de hechos investigados en este caso y la identificación de los responsables. Sin su colaboración no se hubiese podido determinar, primero, la complejidad de este caso en relación con los hechos y los participantes en esta infracción y tampoco frente a otras que se han iniciado y se investigan por la Fiscalía”, explicaba en su razonamiento el juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Según la Fiscalía, la información entregada por la excomunicadora sirvió para evidenciar la estructura criminal que se armó en el sistema de justicia, en el que se usó a jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio para realizar acciones administrativas y jurisdiccionales que beneficien al narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias El Patrón, a su familia y a cercanos al grupo delictivo que lideraba.
La fiscal general Diana Salazar en su acusación señaló que Mayra Carolina Salazar Merchán operó desde la Corte del Guayas, sin ser funcionaria judicial, en el periodo de mayo a octubre de 2022 y mantuvo contacto directo con Leandro Norero. Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que favorecían los fines de impunidad y libertad que pretendía la estructura liderada por el narcotraficante, quien fue asesinado el 3 de octubre de 2022.
Lo dicho por la excomunicadora de 36 años ayudó a revelar que ella identificaba jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos, e incluso negociaba de manera conjunta con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero.
“En Guayas, coordinó directamente con Xavier N. y Johann M., quienes son coprocesados en esta estructura criminal. Adicionalmente, por pedido de Leandro Norero, Mayra Salazar contactó a su primo, Washington S., funcionario judicial de Cotopaxi, para acceder a los jueces encargados de resolver una acción constitucional de Johanna Zambrano, hermana de Leandro Norero, y así asegurar su salida del centro de privación de libertad. Para el efecto, por recomendación de su familiar, se contrató a la coprocesada Sofía G., quien fue el nexo con los jueces en Cotopaxi, actuaciones que quedaron registradas no solo en fotografías de los chats que Salazar y García sostuvieron antes y durante el desarrollo de aquella audiencia, sino también en las operaciones bancarias registradas en las cuentas de ambas”, refería la fiscal Salazar en su relato.
