En los últimos meses, Ecuador ha sido testigo de una creciente ola de violencia, y la provincia de El Oro hoy por hoy es una de las más violentas del país. La reciente masacre de seis personas torturadas y abandonadas en la vía Pasaje-Cuenca ha dejado claro que la situación ha alcanzado niveles preocuoantes.
En los últimos meses, Ecuador ha sido testigo de una creciente ola de violencia, y la provincia de El Oro hoy por hoy es una de las más violentas del país. La reciente masacre de seis personas torturadas y abandonadas en la vía Pasaje-Cuenca ha dejado claro que la situación ha alcanzado niveles preocuoantes.
El Oro, y en particular Machala, han ocurrido una serie de eventos violentos que han puesto en evidencia la falta de control y respuesta efectiva por parte de las autoridades. La tasa de extorsiones, donde Machala ocupa el primer lugar en el país, es solo un reflejo de una crisis de seguridad que va más allá de los números. Los ciudadanos están inmersos en un clima de terror constante, donde las amenazas y la violencia son la norma, no la excepción.
Es inaceptable que, tras cada masacre y atentado, los responsables no sean identificados ni llevados ante la justicia. La falta de resultados concretos en las investigaciones y la incapacidad para proteger a los ciudadanos han generado un sentimiento generalizado de desamparo.
El Gobernador Borys Carrión ha señalado con preocupación que Machala lidera las denuncias de extorsión en el país. Esta declaración no debe ser vista como una simple estadística, sino como un llamado urgente a la acción. La ciudadanía exige respuestas y medidas efectivas, no más promesas vacías.
Es imperativo que la Policía y la Fiscalía den un paso al frente con un compromiso de proteger a la ciudadanía. La eficacia debe ser la prioridad, no solo en palabras, sino en acciones concretas que se reflejen en resultados palpables.
La normalización de las masacres y la violencia es un fenómeno que no podemos permitir. La indiferencia ante estos eventos trágicos solo perpetúa un ciclo de terror y desesperanza. Los políticos, inmersos en sus campañas electorales para los comicios presidenciales de febrero de 2025, no pueden eludir esta realidad.
En este contexto de crisis, la economía también sufre las consecuencias. Los negocios en Machala se ven forzados a cerrar, reflejando la inseguridad que ahoga el desarrollo. La desesperación de los empresarios y el impacto en el empleo son un testimonio de la magnitud del problema.
No podemos seguir normalizando las masacres ni aceptando la violencia como parte de nuestra realidad diaria.