El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo inoperante que ni siquiera puede llevar a cabo de forma apropiada un proceso de selección de autoridades de control.
El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo inoperante que ni siquiera puede llevar a cabo de forma apropiada un proceso de selección de autoridades de control, única y principal función para la cual nos convocan a las urnas para elegir a sus siete integrantes miembros. Si esa única función no la pueden cumplir ni desarrollar como lo estipula la carta magna de nuestro país, entonces ¿para qué están?
En ciernes está el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. Es el momento de estar vigilantes para que el CPCCS, desarrolle de forma prolija y oportuna este proceso, pero debe ir acompañado de la vigilancia amplia de la ciudadanía, para constatar que se lleve a cabo este concurso con transparencia y no ocurra lo que vemos en la actualidad que sucede con el Consejo de la Judicatura, que en medio concurso, al cambiar autoridades, decide declarar nulo de forma parcial el proceso de selección de nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional, en especial, por aparentes irregularidades en las distintas etapas, a raíz de la opaca contratación de una empresa que resultó ser fantasma y que debía llevar a cabo la fase de las pruebas de confianza a los aspirantes. Y no se trata de improvisaciones ni de mucho menos; pues los responsables calculan cada paso que dan y sus eventuales consecuencias. En el caso del concurso para seleccionar al nuevo fiscal, el CPCCS, debe convocar a la academia, para incluir sus aportes, pero además a los colegios de abogados del país, pues son los profesionales del Derecho litigantes quienes también pueden contribuir y participar de un concurso que permita elegir a un profesional de acrisolada trayectoria, con una hoja de vida intachable, pero, sobre todo, que cuente con la independencia necesaria para el desempeño de estas delicadas funciones. En el concurso de jueces y conjueces, el CJ tiene la misión de entregar nuevos magistrados con la envergadura que reviste su cargo, más aún en esta época de narcotráfico y crimen organizado. No es fácil, pero para eso están en sus cargos, para asumir sus retos y cumplir con las funciones encomendadas.