Carina Becerra Robles
El pasado 08 de agosto de 2024, Verónica Abad, Vicepresidenta de la República, ingreso la denuncia por presunta violencia Política de género, ante el Tribunal Contencioso Electoral, en contra del primer mandatario, Daniel Noboa Azin, la misma que fue calificada a trámite, según se conoció se había señalado para el 12 de septiembre de 2024, la audiencia oral entre las partes, sin embargo también se conoce que ante la recusación presentada por la asesora presidencial en contra del Juez que conoce la causa Fernando Muñoz, la misma ha sido suspendida en sus plazos y términos para su consecución, lo que provocó que se realice el sorteo para que el juez que conozca del pedido acepte o no la recusación.
La Ley para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su Art. 10, literal f) determina que la Violencia Política es la cometida contra féminas que se encuentran en cargos de responsabilidad por elección popular o por designación gubernamental y que es cometida por una personas o grupo de personas que por cuenta propia o por terceros impida la ejecución de la actividad de la autoridad, funcionaria o servidora, como, lo esgrimió en su momento la vicepresidenta Abad.
Cabe resaltar que este tipo de violencia ha sido reconocida además por la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el ámbito de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia en aplicación de los principios de paridad, equidad e igualdad, la Violencia Política, también ha sido reconocida y se la califica como una infracción muy grave, en su Art. 279, numeral 14, estableciendo como sanción la multa de 21 salarios minimos, destitución y/o suspensión de los derechos de participación desde dos hasta cuatro años por parte del o los agresores.
De prosperar la denuncia presentada por Abad, y encontrar elementos para determinar una responsabilidad al presidente de la república este podría quedar descalificado para postularse a continuar en el cargo.