Por otra parte la desconfianza de la ciudadanía crece ante la no neutralidad de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana.
La decisión del juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral, de destituir a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social genera un intenso debate y diversas reacciones en la ciudadanía. Los consejeros afectados son Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, quienes fueron separados de sus cargos por haber cometido una infracción electoral muy grave. La decisión surge a raíz de una denuncia presentada por el Observatorio de Control Ciudadano, Pamela Troya y Santiago Becdach.
DECISIÓN JUDICIAL
El fallo de Muñoz, emitido tras la evaluación de la denuncia, establece que los cuatro consejeros fueron promovidos por la Liga Azul, un grupo asociado con el Movimiento Revolución Ciudadana (RC5).
Esta promoción durante la campaña electoral se consideró una violación severa del artículo 279 del Código de la Democracia. El numeral 12 de dicho artículo establece que los consejeros deben actuar con total imparcialidad y abstenerse de infringir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral.
Además de la destitución, la sentencia impone una multa de 70 sueldos básicos unificados (SBU) a cada uno de los consejeros. Los derechos políticos de los destituidos también fueron suspendidos.
La infracción también contraviene un artículo específico de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que prohíbe a cualquier partido, movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano involucrarse en actos de proselitismo político relacionados con la elección de los consejeros.
La sentencia, que puede ser apelada en un plazo de tres días desde su notificación, está sujeta a revisión por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que debe resolver la apelación en un plazo de 10 días desde su admisión.
El Observatorio Control Ciudadano, que fue uno de los principales impulsores de la denuncia, celebró la sentencia como un “triunfo para la ciudadanía”. La organización destacó que la decisión es un paso importante hacia la creación de un Consejo de Participación Ciudadana más independiente y libre de influencias políticas. La sentencia, según el Observatorio, refuerza la necesidad de un organismo que actúe con imparcialidad y transparencia, elementos esenciales para mantener la confianza pública en las instituciones de control.
REACCIONES
En la mañana de ayer, se realizó un recorrido en el centro de Machala para obtener las opiniones de los ciudadanos sobre la destitución de los consejeros. Las respuestas reflejaron una variedad de puntos de vista sobre el impacto y la justicia de la decisión.
Julio Eduardo Miranda, expresó su apoyo a la medida, argumentando que “está bien que los hayan destituido porque no deberían estar vinculados con un partido político”. Añadió que la neutralidad es crucial para garantizar que los consejeros desempeñen sus funciones de manera imparcial y sin influencias externas. “Los consejeros deben dedicarse a su rol y no involucrarse en actividades políticas que puedan comprometer su integridad”, afirmó.
Vicente Rivera, otro ciudadano consultado, también respaldó la decisión. Señaló que la destitución es necesaria para mantener la independencia del Consejo de Participación Ciudadana. “Es importante que el Consejo esté libre de influencias políticas para que pueda actuar de manera justa y en beneficio del pueblo”, comentó. Rivera enfatizó que la medida ayuda a asegurar que el organismo actúe con imparcialidad y sin sesgos partidistas.
No obstante, hubo quienes expresaron desconfianza sobre el proceso y la motivación detrás de la decisión. Nelson Romero Gallardo manifestó dudas sobre la transparencia y la equidad del fallo. “No se puede estar de acuerdo sin conocer todos los detalles y las motivaciones detrás de esta decisión”, dijo. Romero cuestionó la política actual, describiéndola como una serie de ambiciones personales que, según él, buscan manipular a la población. “El pueblo está sufriendo problemas graves como la falta de empleo y el aumento de la delincuencia. En lugar de centrarnos en cambios en el Consejo, deberíamos enfocarnos en mejorar la situación general del país”, agregó.