Carina Becerra Robles
Seguridad jurídica y debido proceso, esas dos características debieran ser la constante, cuando se detectan irregularidades cometidas por autoridades y servidores públicos con el fin de actuar en derecho y poder aplicar las sanciones que fueran convenientes. Sin embargo, hemos visto como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hace pocos días, montó un show mediático en las redes sociales, anunciando con bombos y platillos que, mediante la figura de “despido intempestivo”, desvinculó de la entidad a Rosa Argudo, la polémica auxiliar de esterilización del Hospital José Carrasco Arteaga (IESS Cuenca) y sindicalista de esa casa de salud. Sin justificar o condenar a la exservidora del Estado, al departamento legal del IESS parece que se le olvidó que ella fue denunciada por ser parte de convenios suscritos por el hospital con diversas entidades para supuestamente evadir los procesos de contratación pública; capacitaciones pagadas por los trabajadores al sindicato para supuestos ascensos; compraventas inusuales del hotel San Antonio, de Cuenca, con participación de familiares de la mencionada, incremento del patrimonio de la dirigente y sus familiares; entre otras irregularidades que provocó que la mujer fuera llamada a la Asamblea Nacional para que compareciera y ahí, en tono desafiante, se defendió argumentando que no ha actuado en contra de la Ley. Por otra parte, el IESS al despedirla no consideró que al tratarse de una dirigente sindical, el Código de Trabajo, establece -en su Art. 187-, que por su condición, se aplican garantías y que el despido intempestivo resulta Ineficaz, esto acorde con lo que señala la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, Art. 195.1 y 195.2, es decir en el presente caso, debió de considerarse esta excepción para tomar la decisión de la figura de desvinculación. Por lo expuesto es que sostengo que el mismo IESS dejó abierta una puerta de escape para esta exservidora, quien podría revertir los papeles y pasar de acusada a acusadora y si esto sucede, el “mediatismo” de la patronal solo quedará como recuerdo de la ineficacia que, podría considerarse complicidad, plasmada en grandes titulares y fotos archivadas en las redes sociales con la impunidad campeándose en la vida real.
