La cifra de más de mil muertes por falta de tratamiento en pacientes con insuficiencia renal en Ecuador no es solo un número; es un grito desesperado de las familias y pacientes que sufren en silencio.
La cifra de más de mil muertes por falta de tratamiento en pacientes con insuficiencia renal en Ecuador no es solo un número; es un grito desesperado de las familias y pacientes que sufren en silencio. Ellos claman por atención y soluciones que, hasta ahora, parecen no tener ante la ineficiencia gubernamental y la falta de recursos.
La crisis que enfrenta el sistema de salud ecuatoriano es consecuencia directa de la deuda acumulada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que asciende a más de 250 millones de dólares. Esta situación ha llevado a que miles de pacientes, que dependen de sesiones de diálisis, se vean obligados a enfrentar un tratamiento incompleto y muchas veces insuficiente. La reducción en la frecuencia y duración de las sesiones de diálisis no solo pone en riesgo su salud, sino que condena a muchos a una muerte prematura.
Las declaraciones contradictorias entre Asodiálisis y las instituciones de salud revelan una falta de transparencia y una grave desinformación que solo empeora la situación. Mientras el IESS sostiene que ha cumplido con sus obligaciones financieras, Asodiálisis refuta estas afirmaciones con datos que sugieren lo contrario. Esta disputa es más que una cuestión contable.
Los testimonios de pacientes que deben asumir de su propio bolsillo el costo de las sesiones son desoladores. Para muchos, el gasto mensual de 1.400 dólares es completamente insostenible. En un país donde el acceso a servicios de salud debería ser un derecho, la realidad es que las familias se ven forzadas a elegir entre la vida y la ruina financiera.
Además, la precariedad en que operan las clínicas de diálisis, que ahora deben invertir en generadores y otros equipos para garantizar el servicio, solo agrava la situación.
No podemos permitir que el sufrimiento de miles de personas caiga en el olvido. Es necesario que el gobierno asuma la responsabilidad de resolver esta crisis sanitaria. Se necesitan respuestas inmediatas y efectivas: la cancelación de deudas, la garantía de atención médica oportuna y el establecimiento de un sistema de salud que priorice la vida por encima de la burocracia.
Los pacientes renales, junto con aquellos que padecen enfermedades críticas como la diabetes, no pueden esperar más.