Édison Guevara Estrella
Se aproximan las elecciones generales de febrero de 2025 para renovar las funciones Ejecutiva y Legislativa, como también para nombrar a los cinco representantes de Ecuador al Parlamento Andino, para lo cual se presentaron 16 binomios presidenciales y más de 450 listas de candidatos para asambleístas nacionales, provinciales y por las circunscripciones del exterior (Estados Unidos y Canadá; América Latina, el Caribe y África; Europa, Asia y Oceanía), tanto principales cuanto suplentes.
En suma, se trata de miles de ciudadanos cuyos nombres constarán en las papeletas de votación, todos ellos con capacidad para hacer campaña -durante un mes-, con financiamiento del Estado, es decir con recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos. Sin embargo, la mayoría de esos candidatos no alcanzará ni el uno por ciento de los votos, sea en el ámbito nacional o en cada una de las jurisdicciones provinciales, distritales (en el caso de Guayas, Pichincha y Manabí) o de las circunscripciones del exterior.
Ante esta realidad es necesario reflexionar si resulta conveniente o no mantener el financiamiento de la publicidad electoral con fondos públicos, disposición legal que supuestamente servía para garantizar la equidad e igualdad en el acceso de los candidatos a los medios de comunicación para la promoción de sus propuestas electorales. No obstante, únicamente se ha logrado financiar una postulación válida solo para el currículum, es decir, para que la ciudadana o el ciudadano que se candidatizó incluya en su hoja de vida que fue aspirante a la Presidencia de la la República, a la Vicepresidencia, a una curul en la Asamblea o al Parlamento Andino. Pregunto a quienes defienden el financiamiento público para las campañas electorales: ¿Ecuador tiene los recursos suficientes para pagar la promoción de personas que asumen una candidatura solo para mejorar su currículum? Yo, personalmente, creo que no. Cada ciudadana o ciudadano que acepta una candidatura, junto con su partido o movimiento político, debería buscar la manera de sufragar sus gastos electorales.