OPINIóN

Editorial: Sin luz, ¿será que ahora sin internet?




La decisión de Arcotel de extinguir el título habilitante de Cable Andino S.A., proveedor de Telconet, plantea serias interrogantes sobre el rumbo de la política de telecomunicaciones del gobierno de Daniel Noboa. Más allá de las alegaciones de irregularidades en la concesión, esta medida parece más un acto de represalia política que una verdadera preocupación por la legalidad del sector. En lugar de fortalecer la regulación, el gobierno está poniendo en riesgo la estabilidad de la infraestructura crítica de telecomunicaciones en Ecuador.

La resolución de Arcotel no solo ha sido rechazada por Telconet, que acusa la falta de garantías procesales, sino que también pone en peligro el acceso a internet de millones de ecuatorianos, desde servicios bancarios hasta educativos. La amenaza de que el cable submarino clave del país sea administrado por el Estado, sin la experiencia técnica necesaria, refleja una preocupante incapacidad para gestionar un recurso esencial de manera profesional.

Este tipo de decisiones, que parecen estar más motivadas por intereses políticos que por un real interés en mejorar el servicio de telecomunicaciones, generan incertidumbre y desconfianza en el sector privado y en la ciudadanía. El gobierno debe ser claro: la política pública debe basarse en la legalidad, la transparencia y el bienestar de los ciudadanos, no en represalias ni en la politización de recursos estratégicos.

Lo que está en juego no es solo la legalidad de una concesión, sino la conectividad de todo un país. La intervención estatal en áreas tan críticas como las telecomunicaciones requiere no solo de fundamentos legales sólidos, sino de una verdadera voluntad de garantizar un servicio eficiente y libre de manipulación política. De lo contrario, el gobierno estaría sacrificando la estabilidad y el progreso del país en aras de intereses que no son los de la mayoría.

La pregunta que se hacen los ecuatorianos es: si se extingue el título habilitante a Cable Andino S.A., proveedor de Telconet, ¿a quién se le otorgará ese contrato?