Un año

El presidente Noboa Azin, cumplió su primer año de mandato, un periodo marcado por múltiples crisis: la de violencia del crimen organizado, contra la que declaró el “conflicto armado interno”; la crisis económica, para la que adoptó medidas impopulares; la crisis externa, abierta con México tras asaltar su embajada; la crisis interna; al enfrentarse a su vicepresidenta Verónica Abad; y la crisis energética, con apagones de hasta catorce horas al día. Con apenas 35 años, Noboa, hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa Pontón, se convirtió el 23 de noviembre de 2023 en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador, su mandato se ha caracterizado por polémicas decisiones y una firmeza implacable contra quien considera sus enemigos. El Presidente actual tomó las riendas del país cuando la violencia del crimen organizado ya se había disparado a niveles sin precedentes, hasta hacer de Ecuador el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica en 2023, al registrar 47,2 por cada 100,000 habitantes, ocho veces más que 2016, mientras, el déficit fiscal había saltado hasta cerca del 5% del PIB con un agujero de unos 4.800 millones de dólares, a la vez que habían comenzado a registrarse apagones programados por no poder abastecer la demanda nacional de electricidad en momentos de déficit hídrico. El 9 de enero del año en curso, se produjo una ola de actos violentos cometidos atribuidos a las bandas criminales, que incluyeron motines simultáneos en diversas cárceles con unos 200 rehenes y el asalto de un grupo de encapuchados armados al canal TC Televisión durante una emisión en directo, el pánico se apoderó de Ecuador ese día, y Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, una suerte de declaración de guerra interna contra las bandas criminales, para lo que dictó una serie de estados de excepción donde, entre otras medidas, militarizó las cárceles que controlaban estas estructuras criminales. Las cifras oficiales muestran que los homicidios han bajado en un 18%, pero todavía son recurrentes las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos contra autoridades municipales, fiscales y funcionarios de prisiones.