El debate sobre cómo tratar a los adolescentes que cometen delitos continúa siendo una de las cuestiones más complejas y sensibles en el país. Fotos de Jorge Sánchez
María José Alba Lozano
En un contexto de creciente inseguridad y violencia en Ecuador, donde más de 1.600 menores fueron detenidos en lo que va de 2024, muchos vinculados a bandas narco-criminales, la Asamblea Nacional se encuentra analizando una reforma que propone juzgar como adultos a los adolescentes que cometan delitos graves como sicariatos, homicidios y asesinatos. La iniciativa, respaldada por algunos legisladores, busca reducir la edad de imputabilidad penal de los menores de 14 a 12 años, permitiendo que los jóvenes sean procesados bajo las mismas condiciones que los adultos cuando incurren en estos crímenes. Sin embargo, esta propuesta genera un fuerte rechazo por parte de abogados y expertos en Derecho, quienes argumentan que no solo es inconstitucional, sino que podría agravar el problema de la violencia juvenil y violar los derechos de los menores.
REFORMA
El 20 de noviembre de 2024, el informe para el segundo debate del proyecto de reforma al Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) fue aprobado en la Asamblea Nacional. La reforma, que lleva más de siete años en discusión, establece una serie de modificaciones al tratamiento legal de los adolescentes que cometen delitos graves. Uno de los puntos más controversiales es la propuesta de juzgar como adultos a los menores de edad que incurran en crímenes como homicidio, sicariato o asesinato, y la reducción de la edad de imputabilidad penal de 14 a 12 años.
El asambleísta Jorge Peñafiel (Construye), impulsor de la propuesta, ha señalado que este cambio busca enviar un mensaje contundente a los jóvenes para disuadirlos de involucrarse en bandas narco-criminales. Además, la reforma contempla la posibilidad de que los menores que cumplan la mayoría de edad durante su condena sean trasladados a cárceles para adultos, lo que ha generado aún más controversia entre defensores de los Derechos Humanos y expertos en Derecho Penal.
CRÍTICAS
Dos abogados, Andrés Suárez Pineda y Luis Stalin Rosero, expresaron su preocupación sobre los efectos de esta reforma, tanto en el ámbito jurídico como en el impacto social que podría tener.
Andrés Suárez Pineda, abogado en libre ejercicio, fue claro en señalar que la reforma propuesta por la Asamblea Nacional está lejos de ser una solución efectiva para el problema de la violencia juvenil en Ecuador. Según Suárez, la medida no solo contraviene los principios constitucionales, sino que también viola tratados internacionales ratificados por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Los menores de edad están en una etapa de desarrollo físico, emocional y psicológico, por lo que no tienen la misma capacidad de comprender la magnitud de sus actos que un adulto. Tratar a los adolescentes como si tuvieran la misma responsabilidad penal que un adulto es no solo un error desde el punto de vista legal, sino también un retroceso en los avances que hemos logrado en cuanto a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”, explicó Suárez.
EL SISTEMA PENITENCIARIO Y LA REHABILITACIÓN SOCIAL
Uno de los puntos que más preocupan a los abogados es la situación del sistema penitenciario ecuatoriano, que, según Suárez, no está preparado para recibir a menores de edad. El abogado indicó que actualmente no existen las condiciones adecuadas para que un adolescente privado de libertad pueda ser rehabilitado y reintegrado a la sociedad.
“El sistema de rehabilitación social en Ecuador está colapsado, y los centros de reclusión no ofrecen las condiciones necesarias para la rehabilitación de los internos. Si a eso le sumamos que el sistema penitenciario no cuenta con un tratamiento especializado para menores, es evidente que esta reforma no solo sería ineficaz, sino también contraproducente”, señaló Suárez.
Por su parte, Luis Stalin Rosero, abogado especializado en Derecho Procesal y magíster en Derecho Penal, coincidió con la crítica de que la reforma es una respuesta populista ante la creciente inseguridad en el país. Rosero argumentó que este tipo de medidas punitivas no atacan el origen de la violencia juvenil, que está relacionado con una serie de factores sociales, económicos y políticos, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.
“Estamos ante una medida que busca generar una respuesta rápida a un problema complejo. Lo que se necesita no es una reforma punitiva, sino políticas públicas que prevengan el reclutamiento de menores por parte de las organizaciones criminales”,explicó Rosero.
¿Una violación a los derechos humanos?
Además de las implicaciones jurídicas, los abogados coincidieron en que la reforma podría constituir una violación a los Derechos Humanos de los menores. Según Rosero, juzgar a los adolescentes como adultos violaría el principio de proporcionalidad, uno de los pilares del derecho penal, que establece que las penas deben ser acordes al nivel de responsabilidad de quien comete el delito.
Criterios
Andrés Suárez Pineda:
“Reducir la edad de imputabilidad penal y tratar a los menores como adultos es una medida populista que no aborda la raíz del problema: el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales. Lo que realmente necesitamos son políticas de prevención e inclusión social”.
Luis Stalin Rosero:
“El enfoque debe ser el de rehabilitación, no de castigo. Juzgar a los menores como adultos es ignorar su condición de personas en desarrollo, lo que podría aumentar su riesgo de involucrarse más profundamente en el crimen organizado”.
