Los políticos ecuatorianos utilizan para sus intereses electoreros el reportaje de la prestigiosa revista inglesa The Economist, en el que se tilda al Ecuador como un nuevo narcoestado en el mundo. Pero es vergonzoso que de esa forma miren a nuestra nación en el exterior. La clase política ecuatoriana parece no dimensionar la gravedad del señalamiento. De hecho, no salen del epidérmico discurso de desmentir, descalificar y hasta desacreditar el trabajo periodístico, en lugar de reflexionar, corregir y admitir las certezas alrededor del reportaje.
El artículo de The Economist fue escrito por Alexander Clapp y cuenta con el respaldado del Centro Pulitzer. El comunicador hizo reportería en Montecristi (Manabí), Santa Elena, Nueva Prosperina (Guayaquil) o Durán. Exploró la realidad de las extorsiones, el reclutamiento de niños para convertirlos en sicarios, y la infiltración del narcotráfico en el servicio público.
Hoy, el mundo nos ve de esa manera, así griten nuestros políticos que eso es mentira. Las repercusiones no tardaremos en verlas, aunque hay algunas que ya se visibilizan desde antes de ese reportaje: Estados Unidos el año pasado pidió a sus habitantes evitar viajar a siete provincias de Ecuador, entre ellas, El Oro.
La publicación debe servirnos para visibilizar cómo nos observa un extranjero, valorar los métodos descriptivos y ponerlos en el relieve que amerita el caso, pues, lamentablemente, hay quienes parecen ya haber normalizado las vacunas, sicariatos, extorsiones, coimas y demás hechos que nos llenan de vergüenza y desazón.
El principal desafío que plantea el artículo es corregir la facilidad que tienen los narcotraficantes para blanquear sus capitales en nuestro país, con actividades ilícitas que se ven favorecidas por nuestra moneda dolarizada.
El artículo visibiliza que el narcotráfico navega con libertad e independencia en el Ecuador, es decir, no está supeditado a ningún gobierno en específico, por el contrario, la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado genera que sea indiferente quién gobierne, pues sea cual fuere, el narcotraficante siempre encontrará impunidad.
El problema es que parece que los políticos no quieren meterse con los narcotraficantes, quizá por miedo, o a lo mejor por simple comodidad. Ayer en la Asamblea archivaron el proyecto de Ley antilavado de activos, ¿por qué? Los cuerpos legales se pueden mejorar, pero no archivar. ¿qué hay detrás?
