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En un operativo que realizó la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo de Quito de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción (DINIC) se desarticuló una banda delictiva delicada al contrabando y la cual tendría como cabecilla a un funcionario del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de El Oro.
En un operativo que realizó la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo de Quito de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción (DINIC) se desarticuló una banda delictiva delicada al contrabando y la cual tendría como cabecilla a un funcionario del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de El Oro.
La banda delictiva, conformada por siete ecuatorianos, fue identificada tras meses de investigación policial donde se determinó que operaba con una estructura configurada mediante roles y funciones, detalla un informe policial.
De acuerdo con las investigaciones policiales se conoció que los integrantes se dedicaban, de manera ilícita, al ingreso, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de mercancía peruana con el uso de vehículos de carga pesada y liviana.
El informe policial detalla que el ingreso de esta mercancía se la realizaba a través de pasos no autorizados, pero también de autorizados, usando documentos comerciales adulterados del MAGAP.
Para cruzar por los pasos autorizados, los integrantes de esta banda delictiva utilizaban certificados de producción agrícola, facturas y guías de remisión otorgados por esa cartera de Estado, mismos que eran presentados como legales y de esta manera evadían los controles.
Estas personas utilizaban inmuebles como centros de almacenamiento clandestinos y posterior comercializadas dentro del país. Según el informe, la mercadería se distribuía en El Oro, Tungurahua, Ambato, y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Además, el informe señala a un funcionario del MAGAP como presunto cabecilla principal de esta banda delictiva dedicada al contrabando de mercancías, falsificación y adulteración de documentos, evasión fiscal, obtención de réditos económicos de manera ilícita, indica el informe.
Según el informe, ese funcionario sería el encargado de emitir documentos falsos, se encargaba de realizar la inspección en sembríos falsos.
Con estas actividades ilícitas las pérdidas al fisco ecuatoriano asciendes a $ 400.000,00 ya que se evadieron impuestos, generando un beneficio económico ilícito para la organización por un valor de $ 300.000,00, considerando que esta cifra corresponde al tiempo que demandó los trabajos investigativos, detalla el informe policial.
