"Ya nadie confiaba en el concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia", sostiene Mario Godoy. El martes 26 de noviembre de este 2024, incluso la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz (RC), cuestionó a los vocales de la Judicatura señalando que no han podido ni llevar a cabo ni ese proceso y dijo que no debería prorrogarse. Como presidente del Consejo, Godoy ratificó su decisión.
"Ya nadie confiaba en el concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia", sostiene Mario Godoy. El martes 26 de noviembre de este 2024, incluso la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz (RC), cuestionó a los vocales de la Judicatura señalando que no han podido ni llevar a cabo ni ese proceso y dijo que no debería prorrogarse. Como presidente del Consejo, Godoy ratificó su decisión.
El 21 de marzo empezó el concurso de selección de 10 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El 26 de agosto se declaró la nulidad insanable parcial por anomalías en las pruebas de confianza. Y, tres meses después, el proceso no va más. Estaban asignados 280,589.90 dólares y se ejecutaron 39,547.46 dólares.
Las irregularidades detectadas en la fase de méritos
El Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total del concurso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Tan mal está la justicia que hasta a ese concurso le metieron la mano?
El concurso tuvo problemas en algunas fases. La primera que se detectó (en agosto) y que fue de público conocimiento fue en las pruebas de confianza. Pero pudimos conocer que el 1 de julio, una postulante envió una solicitud al Pleno para dar a conocer más irregularidades. El 2 de julio, el exdirector General le pidió descargos y el 5 de julio archivó el caso sin más. El 8 de julio, ella presentó argumentos y hubo silencio de ambas partes hasta que el 8 de septiembre ella ingresó la queja otra vez y el 3 de octubre el nuevo director general investigó el caso.
- ¿Qué ocurrió?
El 28 de octubre pedimos hacer una muestra aleatoria para verificar anomalías en la fase de méritos. El 21 de este mes, los informes de las áreas técnicas fueron conocidos y se declaró la nulidad.
- ¿Y los responsables?
El exdirector general, Hernán Calixto, estaba en funciones. Hay dos servidores más a quienes se les ha iniciado una investigación y de ser el caso, habrá procesos disciplinarios.
- ¿Entonces la denunciante tenía razón?
Ella (de apellido Benítez) hablaba de cuatro postulantes ante los que se sentía perjudicada y en efecto se detectaron problemas. A una le habían subido 24 puntos en la fase de méritos, que era sobre 50. Por eso, el caso subió al pleno y se dispuso hacer la muestra aleatoria de 35 postulantes.
Una muestra confirmó las anomalías
- En el concurso hicieron una muestra entre 35 postulantes y hubo anomalías en 17 de ellos. ¿De qué tipo?
Se subieron 1, 5, 12, 14 y 16 puntos sin justificaciones al confrontar las calificaciones con los documentos de los participantes. El reglamento tenía ambigüedades; decía que se contará la experiencia a partir del año undécimo, pero los servidores tenían el criterio de que eso era 10 años y un día y debió ser a partir del año 11. En otros casos, el certificado de docencia debía ser sobre la materia por la cual se postulaba y se detectó que el documento no correspondía. Además, a un notario le acreditaron experiencia en una materia sin tenerla.
- ¿Fue un error o cuántas ‘abdominales’ (coimas) como en el caso Metástasis habría?
Sería aventurado decirle que existió un pago o beneficios para dar puntos. Tengo un memorando de la directora de la Escuela de la Función Judicial; me informa que existió un acceso no autorizado a la base de datos del concurso. Lo trasladé a la Función de Transparencia y si en el camino es necesario, lo remitiremos a la Fiscalía. No se permitirá la práctica de esconder documentación, no sé si buscan boicotear la gestión del pleno o mantener a personas dentro de los concursos con una agenda personal (...). Respecto a las personas involucradas, más allá de que las áreas técnicas deben investigar, hoy acudimos a la Contraloría para que inicie la auditoría del concurso. Alguien tiene que responder por los recursos invertidos.
- ¿Qué más detectaron?
Quien quiso ingresar de manera ilegítima a la base de datos el 28 de octubre estaba en comisión de servicios en otra institución; ya se le cesó la comisión. No puedo darle el nombre. En la fase de méritos hubo un personal interno que hizo una revisión, pero también existieron los expertos que de modo autónomo verificaron y asignaron la puntuación o no. Y hubo una fase de recalificación.
La credibilidad está totalmente desmejorada porque hoy tenemos a exjueces, exfiscales, abogados y exvocales sentenciados. Nadie en esta entidad había tomado en serio la necesidad de cambiar las corruptelas en sorteos; nosotros vamos a establecer la ISO 37.001 en sorteos y en procesos de control disciplinario.
Viviana Veloz cree que no deben ser prorrogados
- ¿Cómo toma las críticas de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz? Dice que su Consejo no ha podido realizar un concurso de jueces con probidad y que los vocales no deben prorrogarse.
Respeto las palabras de la presidenta del Legislativo. Mientras esté en el cargo actuaré con transparencia, si significa sacrificar la designación de jueces y conjueces por la detección de situaciones anómalas, seguiré tomando la misma posición. No vine a complacer absolutamente a nadie. Si por cumplir la normativa debo recibir críticas, es un tema aparte.
Nos sentamos desde el 22, con las áreas técnicas, para buscar la hoja de ruta. En dos semanas, la directora de la Escuela de la Función Judicial presentará los pasos a seguir para tener el reglamento que, según mi punto de vista, debería tener la mayor cantidad de elementos de la academia, grupos jurídicos, de la Corte.
La prórroga no es un tema que atañe a mi gestión o a los otros vocales. Sigo con mis labores.
¿Quién es Mario Godoy?
Es el presidente del Consejo de la Judicatura. Fue designado el 10 de julio por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es abogado, con posgrado en género y justicia y en derecho administrativo y contratación pública. Fue director de Cultos del Ministerio de Justicia; director de asesoría jurídica de la UAFE. Defendió a Alembert Vera.