La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional ha llevado al Ecuador a considerar una decisión trascendental: permitir la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. La Asamblea Nacional, a través de la comisión ocasional encargada de la reforma parcial de la Constitución, avanza en la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate. Pero, ¿es esta medida conveniente para el país?
El narcotráfico y el crimen organizado han convertido al Ecuador en un punto estratégico para sus operaciones. La violencia se ha disparado y la seguridad nacional está en jaque. En este contexto, la presencia de bases extranjeras podría representar una respuesta contundente para fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de las fuerzas nacionales. Experiencias como la de Colombia han demostrado que el apoyo militar externo puede ayudar a debilitar estructuras criminales y mejorar la vigilancia de las fronteras.
Sin embargo, esta alternativa también plantea riesgos. La soberanía nacional es un principio irrenunciable, y la presencia de tropas extranjeras podría generar una dependencia militar que condicione la política de defensa del país. Además, Ecuador ya experimentó una situación similar con la base de Manta, cuya presencia generó polémica y fue terminada en 2009 por considerarse una amenaza a la autodeterminación del Estado.
Otro punto clave es el impacto geopolítico. La instalación de bases extranjeras podría tensar las relaciones con países vecinos y actores regionales que consideran la presencia de potencias militares como una forma de injerencia en los asuntos latinoamericanos.
En definitiva, Ecuador enfrenta un dilema complejo. La lucha contra el crimen organizado exige respuestas firmes, pero estas deben ser acompañadas de un fortalecimiento interno de las fuerzas de seguridad, mejor inteligencia y cooperación internacional sin comprometer la soberanía. La decisión final no debe tomarse a la ligera, pues sus consecuencias marcarán el futuro del país.
