Roger Pineda Mejía
Con la llegada de quien ejercerá la Función Ejecutiva del país, la nación abre un capítulo cargado de expectativas, desafíos y oportunidades. Más allá del rostro que encarna el poder presidencial, lo esencial permanece; es decir, que las responsabilidades presidenciales no cambian, pues lo que espera la comunidad ecuatoriana es que se gobierne con justicia, eficiencia y visión de futuro.
En la Constitución de la República, los artículos 164 al 171, son las directrices para que el jefe de Estado, gobierno y administrador pública, se ciña a las disposiciones descritas en esos cánones; pero también; y quizás más importante en el día a día, está la obligación de coordinar al gabinete, liderar la economía nacional, impulsar políticas públicas que atiendan los problemas de la ciudadanía y garantizar el buen uso de los recursos públicos.
Siendo de esta manera, este nuevo periodo no debe ser visto como una oportunidad para refundarlo todo, sino para consolidar lo que funciona, corregir lo que falla y escuchar lo que reclama la sociedad sin gobernar con base en la ideología, sino en la evidencia, la transparencia, el diálogo y la voluntad de construir consensos; en realidad esos deben ser sus objetivos primordiales.
Hoy, más que nunca, cuando la colectividad clama por una vida sin violencia, sin extorsiones, sin bombazos, sin asesinatos, sin corrupción y cuando millones esperan el trazado de un camino de desarrollo para Ecuador, se precisa de la honestidad de quien ha sido electo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; sin duda se espera un nuevo liderazgo, pero basado en las responsabilidades que ya están escritas y que ahora se espera se les dé fiel cumplimiento.
