Édison Guevara Estrella
Pasada la segunda vuelta, confirmado el triunfo de la propuesta del presidente Daniel Noboa Azín, con más del 55 % de los votos válidos, apenas rinda juramento en la Asamblea, el próximo 24 de mayo, el mandatario deberá firmar el decreto para convocar la consulta popular a fin de que el puebo autorice llamar a una Asamblea Constituyente para realizar una profunda reforma política y que, a la vez, efectúe importantes ajustes al sistema económico.
Como decían nuestras abuelitas: “llanto sobre el difunto” -expresión que obedece a la necesidad de tomar decisiones oportunas-, el presidente Noboa debe aprovechar el extraordinario respaldo popular para marcar la hoja de ruta hacia la Constituyente, con un poder derivado de la propia Carta Política vigente, es decir no tendrá plenos poderes, sino una actuación limitada a gestionar cambios importantes en el esquema constitucional; será un órgano obligado a funcionar de forma simultánea con la Asamblea Nacional.
¿Qué temas tendrá que tratar la Constituyente? A mi juicio, entre los más relevantes el retorno a la división del poder en tres funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial; la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que la designación de autoridades vuelva al Parlamento; la creación de una instancia ciudadana anticorrupción, muy parecida a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción establecida en la reforma constitucional de 1998, conformada mediante colegios electorales de los trabajadores, empresarios, universidades y otros colectivos sociales, temática que fue relegada por el denominado “quinto poder”; la reforma al Consejo de la Judicatura, para que esté dirigido por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, como fue en la estructura anterior.
La Asamblea Constituyente deberá estar integrada por un máximo de 130 legisladores para facilitar los acuerdos indispensables entre las organizaciones políticas que actúen en ella, con un estatuto claro que garantice un cambio con visión hacia un futuro alentador para el país y que genere condiciones óptimas para la buena marcha del Estado.
