Ecuador ha ingresado a un nuevo y delicado nivel de alerta nacional. La reciente información proporcionada por inteligencia militar, que advierte sobre el posible ingreso de sicarios al país con la misión de atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa, no solo estremece a la ciudadanía, sino que revela el punto crítico al que ha llegado la amenaza del crimen organizado en el país. La seguridad del jefe de Estado se ha convertido en un símbolo de la lucha entre el poder legítimo y el poder criminal.
El presidente Noboa ha impulsado una estrategia frontal contra el narcotráfico y las bandas delictivas, declarando al país en un “conflicto armado interno” y endureciendo las políticas de seguridad. Este liderazgo firme, aunque respaldado por amplios sectores sociales, también lo ha colocado en la línea de fuego. Atentar contra la vida del mandatario no sería solo un golpe al Ejecutivo, sino una acción desestabilizadora que busca amedrentar al Estado y frenar su capacidad de respuesta.
En este contexto, el control migratorio debe asumir un rol estratégico. Es momento de replantear la política de fronteras abiertas y considerar, con carácter de urgencia, la exigencia de visas o al menos certificados de antecedentes penales a ciudadanos provenientes de países con altos índices de criminalidad organizada. La seguridad nacional debe estar por encima de cualquier criterio ideológico o político, sin que ello implique caer en la xenofobia, sino más bien, en una política migratoria responsable y acorde con la nueva realidad que enfrenta el país.
Es fundamental que esta alerta no sea tratada como un episodio más en la crisis de seguridad. El país no puede permitirse una tragedia que marcaría un antes y un después en nuestra historia democrática. El Estado, en todas sus funciones, debe cerrar filas en torno a la protección del presidente y, por extensión, de las instituciones republicanas. El fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, la cooperación internacional y el resguardo físico del mandatario deben intensificarse al máximo.
La ciudadanía, por su parte, también tiene un rol clave: no caer en el pánico, pero tampoco en la indiferencia. Este es un momento para que la sociedad entienda la magnitud de la amenaza y exija unidad, responsabilidad y transparencia a sus líderes.
El país se encuentra en un punto de inflexión. Defender la vida del presidente Noboa es, en este momento, defender la democracia misma.