El Consejo Nacional Electoral resolvió no dar paso a los reclamos de la alianza de Revolución Ciudadana y Reto, sobre presuntas inconsistencias en las actas de las elecciones del balotaje presidencial.
El Consejo Nacional Electoral resolvió no dar paso a los reclamos de la alianza de Revolución Ciudadana y Reto, sobre presuntas inconsistencias en las actas de las elecciones del balotaje presidencial. De seguro, la Revolución Ciudadana no se va a detener ahí. Es probable que active la última instancia que le queda: el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, lejos de estas disputas, que, si bien es cierto, son legítimas, en realidad el país necesita soluciones a los problemas profundos que lo aquejan y, para el efecto, es necesario unir fuerzas.
Lo que queda claro es que con el correísmo no se puede contar para nada positivo. Ellos tienen en su agenda impunidad para sus prófugos y coidearios que están encarcelados por corruptos. Y para lograrlo, ponen en escena todo su talento, intelecto e inventiva, para intentar tomarse los poderes de un solo tapetazo. Con ellos, no hay como dialogar, mucho menos pactar.
Es momento que el resto de fuerzas políticas sumen voluntades para impulsar los cambios que requiera el país para mejorar la seguridad ciudadana, la problemática que con mayor urgencia de la mayoría de ecuatorianos, pues es la que en definitiva frena el crecimiento económico de la nación.
En 18 días se posesionará la nueva Asamblea Nacional y el primer desafío es ver quien logra aglutinar voluntades para tener la mayoría absoluta. Todo apunta que el bloque oficialista lo logrará, con el objetivo de tener gobernabilidad. En ese contexto, lo más probable es que ellos pongan al nuevo presidente o presidenta de la próxima Asamblea Nacional. Pero esas conversaciones políticas solo les interesan a los políticos y no a la mayoría de los ecuatorianos.
Los obreros, las amas de casa, los campesinos, los profesores, los profesionales de la salud, los profesionales en el libre ejercicio, los empresarios, los emprendedores, quieren paz, tranquilidad y garantías para poder desarrollar sus actividades y le corresponde al Estado dárselo, por tanto, los políticos no son quienes deben imponer los temas de la agenda de diálogo ciudadano. Es al revés: son los ciudadanos quienes debemos imponer nuestras necesidades y urgencias en la agenda y mesas de diálogo de los políticos, por eso, no debemos callar, es momento de hacernos escuchar de forma activa y democrática.