En los últimos días, ha resonado una noticia que marca un antes y un después en la gestión vial del país: la Policía Nacional reemplazará a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en el control del tráfico en 25 tramos de carreteras en 13 provincias.
En los últimos días, ha resonado una noticia que marca un antes y un después en la gestión vial del país: la Policía Nacional reemplazará a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en el control del tráfico en 25 tramos de carreteras en 13 provincias. Esta decisión, aunque polémica, abre el debate sobre la eficacia de los organismos encargados de velar por el orden y la seguridad vial, y plantea interrogantes esenciales sobre el futuro de la movilidad en nuestras ciudades.
La CTE con décadas de trayectoria, ha sido una institución conocida tanto por su experiencia como por sus sombras. Si bien ha contribuido a establecer normas y presencia en las vías, también ha enfrentado señalamientos constantes por corrupción, ineficiencia y excesos en sus procedimientos; de ahí la motivación para que el Gobierno Nacional decidiera sacar a ese organismo del medio ante el ruego de los transportistas, aunque también tiene que ver con reforzar la seguridad en los ejes viales.
En teoría, el reemplazo mencionado ha sido aplaudido especialmente, por los conductores de automotores de pasajeros y de carga; sin embargo, para miles de ciudadanos este cambio no garantiza frenar el cometimiento de ilícitos por parte de quienes tienen la orden de proteger a los ciudadanos; además, que la Policía Nacional ya tiene bajo su responsabilidad múltiples funciones que van desde la lucha contra la delincuencia hasta el resguardo del orden público.
Cabe la posibilidad que recargar al sistema policial con el control del tránsito puede derivar en una disminución de su capacidad para responder a otras urgencias ciudadanas. Pero el temor de fondo es que el cambio sea meramente cosmético si no viene acompañado de reformas profundas en formación, tecnología, protocolos y supervisión.
Resumiendo, no se trata simplemente de cambiar uniformes ni instituciones, sino de meditar el sistema de control del tránsito desde sus principios. Si el objetivo real es mejorar la seguridad vial, reducir la corrupción y hacer cumplir la ley de manera justa, entonces este relevo debe estar acompañado de una reingeniería integral, donde se incluyan participación ciudadana y una política clara de transparencia.