Las cifras lo dicen todo: hasta el 19 de mayo de 2025, la Fiscalía ha recibido 700 denuncias por extorsión solo en la provincia de El Oro.
Las cifras lo dicen todo: hasta el 19 de mayo de 2025, la Fiscalía ha recibido 700 denuncias por extorsión solo en la provincia de El Oro. Esta cantidad ya duplica los 345 casos registrados durante todo el año 2024. El aumento es preocupante y muestra cómo este delito se ha convertido en una amenaza diaria para miles de ciudadanos.
Machala es el cantón más afectado. Comerciantes, taxistas, trabajadores portuarios y dueños de pequeños negocios viven con miedo. Las amenazas no son solo mensajes o llamadas telefónicas: ahora vienen acompañadas de disparos, explosivos y ataques a viviendas o locales comerciales. Ya se han registrado más de 70 explosiones este año en la provincia. Y muchas personas prefieren no denunciar, por temor a represalias.
La Policía ha hecho esfuerzos importantes. Según el coronel William Calle, comandante de la Zona 7, se han desarticulado 30 bandas dedicadas a la extorsión. También se han destinado 200 agentes a zonas críticas como Puerto Bolívar, donde incluso se ha lanzado un plan llamado “Zona Libre de Extorsiones”. Sin embargo, el problema sigue creciendo, y las organizaciones delictivas se adaptan, incluso usando menores de edad o ciudadanos extranjeros para cometer los delitos.
Lo más preocupante es que no solo las bandas están extorsionando. La Policía ha detenido a personas que actuaban solas, sin vínculos con grupos organizados, pero que igualmente lograron cobrar a decenas de negocios. “Cualquiera puede extorsionar”, dijo el comandante Calle, y eso muestra lo grave que se ha vuelto el panorama.
Frente a esta situación, las autoridades locales y nacionales deben actuar con firmeza. Es urgente que las penas por este tipo de delitos sean más duras. No es justo que alguien que lanza una bomba salga libre en poco tiempo por procesos abreviados. Eso no es solo extorsión, es terrorismo, y debe tratarse como tal.
Además, los municipios deben involucrarse más. Algunos como Santa Rosa han invertido en seguridad, pero otros siguen sin responder. La extorsión no puede normalizarse. Proteger a los ciudadanos debe ser la prioridad. Si no se toman medidas ahora, el miedo seguirá ganando terreno.