Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una norma urgente que busca enfrentar con más fuerza al narcoterrorismo y al crimen organizado.
Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una norma urgente que busca enfrentar con más fuerza al narcoterrorismo y al crimen organizado. Impulsada por el Gobierno y defendida por la asambleísta Valentina Centeno, esta ley marca un cambio importante en la forma en que el Estado responde a la violencia que vive el país.
La nueva ley incluye castigos más duros para delitos relacionados con el crimen organizado, crea procesos penales especiales, fiscales y jueces capacitados, y protege legalmente a los policías y militares que participan en operativos. También hay medidas para evitar que los jóvenes sean reclutados por bandas criminales, y sanciones más fuertes contra el robo de combustibles, que afecta gravemente las finanzas del país.
Esta norma responde al clamor ciudadano por seguridad y justicia. Los ecuatorianos están cansados de ver cómo los delincuentes actúan sin temor y burlan la ley. Por eso, es positivo que esta vez se hayan puesto de acuerdo diferentes bloques políticos, dejando a un lado los intereses partidistas para priorizar el bienestar del país.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad: una ley, por sí sola, no resolverá el problema. Hace falta una verdadera transformación en la justicia, en la Policía, en la gestión del Estado. Si no se aplica bien, si no hay transparencia ni control, esta ley podría convertirse en letra muerta o, peor aún, en una herramienta mal usada.
También es importante que el reglamento que redacte el Ejecutivo aclare los puntos sensibles, como el “indulto diferido”, para evitar abusos o violaciones a los derechos humanos. La seguridad no puede convertirse en excusa para atropellar libertades.
La ciudadanía también tiene un papel en este proceso. No solo se trata de esperar que el gobierno actúe, sino de exigir resultados, denunciar abusos y mantenerse vigilante. Esta ley es un paso en la dirección correcta. Da al Estado mejores herramientas para combatir al crimen. Pero su éxito dependerá de cómo se use y de si va acompañada de cambios reales y sostenidos. Ecuador necesita seguridad, pero también necesita justicia honesta y un gobierno que actúe con firmeza y responsabilidad.