Movilidad Machala EP entregó los informes y estudios requeridos a la Agencia Nacional de Tránsito para activar la segunda fase de fotomultas. Las nuevas cámaras han sido colocadas en zonas identificadas como “puntos negros” de la ciudad, según estudios técnicos. Fotos de Jorge Sánchez
María José Alba Lozano
Las fotomultas, o como las denomina oficialmente la Empresa Pública de Movilidad Machala, dispositivos electrónicos de control de tránsito, vuelven a estar en el centro del debate ciudadano y político. Estos sistemas sancionatorios, cuyo valor por infracción asciende a $160, operan las 24 horas del día.
La controversia surgió tras las declaraciones del asambleísta por la provincia de El Oro, Steven Ordóñez, quien durante el segundo debate de la Ley de Solidaridad Nacional denunció que municipios como el de Machala están “metiéndole la mano al bolsillo a la gente” al instalar nuevas cámaras de fotomultas, pese al contexto de crisis económica e inseguridad que enfrenta el país. “En Machala están poniendo cuatro fotomultas más. ¿No es casi lo mismo que un radar?”, criticó el legislador.
En respuesta, el gerente de Movilidad Machala, Daniel Chan, explicó que los nuevos dispositivos pertenecen a la segunda etapa de un plan de control vial. Estos equipos han sido instalados en puntos estratégicos de alta siniestralidad como Santa Rosa y Arízaga, 25 de Junio y Buenavista, Bolívar Madero Vargas y Circunvalación Norte, entre otros. Aseguró que su implementación se ha realizado de forma legal y técnica, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), como estudios de impacto vial, mapas de zonas de calor (puntos negros), homologación, señalización y campañas de educación.
Chan defendió el uso de los dispositivos como una herramienta para reducir la siniestralidad. Aseguró que, desde la instalación de la primera fase de estos controles, se ha visto una disminución drástica de accidentes en sectores críticos como El Paseo Shopping y el sector del IESS. “Hoy por hoy, las personas con discapacidad y los adultos mayores pueden cruzar sin miedo. Antes era un punto de siniestros constantes”, afirmó.
ACTIVACIÓN INMINENTE DE LA SEGUNDA ETAPA
Los 10 dispositivos de la primera fase ya están operativos, mientras que los cuatro nuevos están aún en fase de pruebas y calibración, a la espera de ser activados en los próximos días. La documentación técnica fue entregada a la ANT el pasado viernes en Quito.
Según el gerente, esta fase de pruebas se realiza por responsabilidad técnica, para evitar fallas que puedan afectar a los ciudadanos. “Ya podríamos activarlos, pero preferimos ser cautelosos. Estimamos que el lunes de la próxima semana estarán completamente funcionales”, señaló.
HORARIOS DE OPERACIÓN Y CONDICIONES DE LA SANCIÓN
Los dispositivos funcionan 24/7, pero a raíz de los pedidos ciudadanos y el contexto de inseguridad, se han desactivado entre las 22:00 y las 05:00, horario en que muchos semáforos pasan a estado intermitente. Chan aclaró que, aunque los dispositivos no registran infracciones en ese horario, los ciudadanos deben seguir respetando la señalética, ya que desobedecer un semáforo intermitente también puede ser riesgoso y sujeto a sanciones si hay supervisión física.
El valor de la sanción por cruzarse un semáforo en rojo es de $160, aunque si el pago se realiza dentro de los primeros 21 días, se aplica un descuento del 50%. Chan hizo un llamado a la conciencia ciudadana: “Si no quiere tener una multa, simplemente no se pase el semáforo en rojo. Es así de claro”.
También explicó que el tipo de infracción se tipifica legalmente como “falta de respeto a la autoridad o a las señales de tránsito”, lo que ha generado cierta confusión entre ciudadanos que, al recibir la multa, interpretan erróneamente que han faltado al respeto a un agente de tránsito. “Es solo una denominación legal del articulado”, aclaró.
DEBATE POLÍTICO Y TRANSPARENCIA
Mientras el municipio defiende los dispositivos como herramientas preventivas, la crítica política no se ha hecho esperar. Ordóñez cuestionó duramente no solo la implementación de las fotomultas, sino también el manejo de recursos del Municipio de Machala. “Derrochan en fiestas mientras la ciudad está sumida en inseguridad”, denunció en el Pleno de la Asamblea, y advirtió que no cesará en su lucha por fiscalizar estos mecanismos.
Por su parte, Movilidad Machala insiste en que su actuación es técnica, legal y transparente, y sostiene que los resultados hablan por sí solos: la ciudad ha dejado de figurar entre las primeras con mayor siniestralidad a nivel nacional, gracias a estas medidas.
DATO
Cerca de $244.000 anuales es lo recaudado por motivo de las fotomultas, misma cifra que indicó que se redujo, por la educación vial de los conductores de no irrespetar las señales de tránsito. Dichos valores fueron invertidos en señalización horizontal, vertical en la calle Pichincha y otras.