Édison Guevara Estrella
Qué duro resulta constatar que en Ecuador muchas leyes quedan solo en el papel, puesto que no existe organismo ni autoridad que vigile su cumplimiento, tampoco hay claridad respecto del procedimiento para denunciar hechos que interfieren con el normal desenvolvimiento de las actividades de las ciudadanas y ciudadanos. Este es el caso del acoso telefónico de empresas operadoras celulares, de servicios de internet, televisión pagada, así como bancos e instituciones financieras.
Estas empresas aparentemente no saben -dudo mucho que así sea- o no les importa que esté prohibido por ley hacer llamadas fuera de determinadas horas del día para ofertar servicios o requerir el pago de planillas. En este segundo caso, sin autorización del cliente, abiertamente en contra de la norma, llaman a las personas cuyos nombres se dieron como referencia, porque así lo solicitan al momento de abrir una cuenta o emitir una tarjeta de crédito, a decir que el ciudadano tal mantiene una deuda con esa entidad financiera, en algunos casos tienen la desfachatez de dar detalles de los valores pendientes.
Las llamadas son persistentes; envían mensajes de texto, de whatsapp, correos electrónicos, como dije antes, apenas amanece y hasta después de las 20 horas, fines de semana, feriados, horarios que están expresamente prohibidos. Y, lo peor de todo es que ya no hay un contacto con la persona que llama, sino que son grabaciones y todo eso se incluye como parte de los gatos de cobranza.
Por supuesto, esto constituye un gran negocio porque, más allá de que si no se contesta, ni hay una relación directa con el cliente, esas llamadas se cargan al deudor e incrementan en valor de la obligación. Nadie controla esto, ni hay un procedimiento para advertir a las autoridades lo que pasa diariamente.
Es necesario que la Defensoría del Pueblo dé oídos a este tipo de denuncias, de manera expedita, para frenar el abuso de estas empresas, ya que se ha convertido en una verdadera extorsión legalizada.