José Correa
Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La violencia se ha expandido con una fuerza sin precedentes, y lamentablemente, una de las principales víctimas son nuestros niños y jóvenes. Muchos de ellos, por falta de oportunidades reales, terminan siendo captados desde temprana edad por estructuras delictivas que les ofrecen lo que el Estado no les ha garantizado: pertenencia, recursos y un aparente futuro.
Frente a esta dura realidad, el Estado ha optado por impulsar una reforma normativa que endurece el tratamiento penal hacia adolescentes infractores, permitiendo incluso su juzgamiento como adultos en delitos graves. Aunque se comprende la urgencia por responder al clamor ciudadano de mayor seguridad, es necesario hacer un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere esta estrategia, que a largo plazo podría agravar el problema en lugar de resolverlo.
La experiencia internacional es clara: criminalizar más severamente a los adolescentes no reduce la delincuencia. Por el contrario, incrementa la reincidencia, genera impactos psicológicos negativos y excluye aún más a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Países como Noruega, Finlandia o Colombia (con el caso de Medellín), han logrado reducir significativamente la delincuencia juvenil apostando por políticas preventivas, rehabilitación y reinserción social.
Si no hay acceso a salud, si la deserción escolar sigue creciendo, si los jóvenes no encuentran opciones reales de empleo o espacios seguros para desarrollarse, la cárcel no será la solución. Lo será una política pública con rostro humano, capaz de ver en cada joven no un enemigo, sino un ciudadano con potencial que merece una segunda oportunidad.
Es tiempo de que el Estado ponga a la prevención en el centro de la política de seguridad, invierta en la infancia y adolescencia, y entienda que más humanidad e inteligencia institucional son claves para construir un futuro con verdadera justicia y paz duradera.