OPINIóN

Editorial: ¡Fuego cruzado!, ¿Muerte cruzada?


Al interior de la Asamblea Nacional existe un auténtico fuego cruzado entre legisladores de distintas bancadas, con una serie de acusaciones que frenan el trabajo legislativo.

Al interior de la Asamblea Nacional existe un auténtico fuego cruzado entre legisladores de distintas bancadas, con una serie de acusaciones que frenan el trabajo legislativo. Y aunque existen los soportes necesarios para los cuestionamientos, bien vale precisar que no son todos los asambleístas los corruptos, ni todos los señalados han sido declarados culpables. Al menos, de los tres señalados por gestión de cargos públicos (la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez; un asesor de Darwin Pereira y el asambleísta Elías Jachero), solo Pereira no asoma como responsable directo de la acusación, sino que es su asesor, quien, en los chats revelados, aparece como el que intenta realizar un uso inadecuado de su condición de asesor. Menos mal, él ya renunció. El primero en hacerlo de los tres casos señalados.

Pero el desgaste sigue… y seguirá. Al menos, por ahora parecen proféticas las palabras del presidente de Izquierda Democrática, Guillermo Herrera: Vendrán más denuncias. Lo dijo después del escándalo surgido con Bella Jiménez. Y llegaron. Por ahora, dos más. Veremos cuántos más en la próxima semana. Lo cierto es que, aún así, no representan ni el 10 % de la Asamblea Nacional, por lo que, sí resulta descabellado pensar por ahora en una muerte cruzada. Primero, porque implicaría disolver el Congreso y la Presidencia de la República y convocar a nuevas elecciones. Para eso no hay plata. Segundo, porque deslegitimaría todo lo actuado por la actual Asamblea, entre lo cual consta la censura mediante juicio político contra Pablo Celi. ¿Quién quiere pescar a río revuelto?, ¿o qué quieren ganar quienes buscan estas acciones de deslegitimación de la Legislatura? Es imposible ocultar el sol con un dedo y evidentemente los escándalos de corrupción tienen asqueado al país, pero también es real que a los responsables debe juzgárselos en derecho, bajo la normativa legal vigente. Y en ese contexto, aplicar las sanciones que correspondan, sean estas, las destituciones de sus cargos hasta incluso que vayan a la cárcel, según corresponda. Pero no por culpa de estos casos específicos, en los cuales en dos de ellos están vinculados directamente asambleístas, se pueda generalizar y perjudicar a una nación entera. Las cosas hay que reflexionarlas bien por el bien del país.