OPINIóN

Editorial: La Policía


La credibilidad ciudadana en la institución policial cae en picada. El más reciente hecho inherente al denominado Caso Arcentales ahonda más la crisis de reputación por la que afronta el ente.

La credibilidad ciudadana en la institución policial cae en picada. El más reciente hecho inherente al denominado Caso Arcentales ahonda más la crisis de reputación por la que afronta el ente. Este caso es sobre la muerte de la joven modelo manabita Naomi Arcentales y todo el entramado extraño que lo rodea. Al menos, ante la opinión pública se ha instalado la narrativa de que se trataría de un asesinato, pero la Fiscalía dice, de acuerdo con un primer informe y la posterior autopsia, que en realidad es un suicidio. ¿Por qué una mujer joven, soltera, hermosa y con un futuro prometedor se suicidaría? Aquí empieza el entramado, pues incluso en cámaras de videovigilancia quedaron registradas imágenes que visibilizan agresiones sufridas por la mujer a cargo de su pareja sentimental: un agente fiscal de la provincia de Manabí.

Pero ante la conmoción social y presión ciudadana, la Fiscalía decidió no cerrar el caso y establecer un seguimiento a la investigación. Por ello, dispuso una nueva autopsia. Fue así como la Policía capturó a la expareja de la modelo, no obstante, al poco tiempo, fue liberado. La razón: un hackeo al sistema informático de la institución alteró la base de datos y solicitó su captura, orden que terminó siendo falsa, según la versión policial.

El argumento emitido por la Policía alrededor de ese hecho es el que tienen con preocupación a los ciudadanos y los hace dudar, al menos, de lo que dicen los uniformados. Y esta crisis de credibilidad es peligrosa, sobre todo, en esta época donde los índices delincuenciales han subido significativamente, en medio del narco y microtráfico de estupefacientes. Al perder credibilidad, la Policía también pierde respeto. Por eso, se torna urgente que la institución policial retome el control de la narrativa a partir de los hechos, es decir, que demuestre que su sistema fue hackeado y manipulado. Dé con el paradero de los hackeadores, los atrape y los ponga a las órdenes de las autoridades competentes. Si no lo hace de esa forma, quedará el comunicado como un argumento para justificar lo injustificable. Pero no es la primera vez que algo de esta naturaleza envuelve a los uniformados y les resta credilidad. Recordemos el caso de los narcogenerales, denunciado por Estados Unidos y que, sin embargo, acá continúan negándolo o investigando. Es momento de actuar con firmeza. El presidente Lasso debe liderar eso y hacer los cambios y correctivos necesarios.