OPINIóN

Editorial: Crímenes en El Oro


El 2021 fue uno de los años más violentos en la historia de la provincia de El Oro, pues cerró con 143, es decir, 51 más que en 2020. Y este año empezó también sangriento.

El 2021 fue uno de los años más violentos en la historia de la provincia de El Oro, pues cerró con 143, es decir, 51 más que en 2020. Y este año empezó también sangriento. En apenas siete días de enero se registran seis muertes violentas: dos en Huaquillas, una en Portovelo y tres en Machala. El año anterior hubo tres asesinatos hasta el 7 de enero. Es decir, este año empieza con el doble de crímenes contra la vida, con relación al año pasado. Establecer estos balances genera escalofrío. Sobre todo, porque se evidencia que poco y nada pueden hacer las autoridades para frenar el auge delictivo, la espiral de violencia y el derramamiento de sangre en territorio provincial. Lo peor es que la excusa sigue siendo la misma: son muertes selectivas. Sin embargo, cada ráfaga de disparos causa entre los familiares de los abatidos una sensación de venganza y entonces entramos en un círculo vicioso del que difícilmente podremos salir. En tanto, los uniformados continúan con su discurso repetido: son muertes selectivas. Entonces, ¿Acaso vivimos en un país sin ley?, es decir, ¿El hecho de que las víctimas hayan tenido cuentas pendientes con la justicia justifica que mueran de esa manera?

El alto índice delincuencial con el que empieza este 2022 plantea un profundo desafío a las autoridades en los distintos niveles de gobierno. Porque la Policía es el último eslabón de una política pública encaminada a la seguridad ciudadana. Es necesaria una mayor videovigilancia y para el efecto, el rol de los municipios es clave. También urge dotar adecuadamente a los uniformados de armas, municiones, tecnología, conectividad, mobiliario, equipos, vehículos y motos. Es decir, todo lo básico para que ejecuten su labor sin temor de ninguna clase.

Adicionalmente, urge también un eficiente sistema de justicia que obedezca a los intereses ciudadanos y aplique correctamente la justicia. Pero eso no se puede lograr sin un eficiente sistema carcelario, en el que no haya hacinamiento, y más bien exista la infraestructura suficiente para encarcelar a quien corresponda. ¿Es difícil pedir todo eso?

Es necesario que el Gobierno Nacional trace de una vez por todas una hoja de ruta clara en torno a la delincuencia organizada. Y a partir de allí empezar a decir que busca garantizar la seguridad ciudadana de todos.