OPINIóN

Editorial: Delgada línea


El presidente Guillermo Lasso decidió ser sincero en un conversatorio desde Carondelet, al revelar que su idea es eliminar el Consejo de la Judicatura.

El presidente Guillermo Lasso decidió ser sincero en un conversatorio desde Carondelet, al revelar que su idea es eliminar el Consejo de la Judicatura, a través de una consulta popular prevista para el próximo año. La idea es impulsar la autorregulación de los jueces y volver a la Corte Suprema de Justicia para, de forma paralela, fortalecer también las cortes provinciales y evitar los conflictos que al momento se evidencian entre organismos. En teoría, la idea no es desagradable, pero, ¿Qué tan bueno es regresar 30 años en el tiempo? Además, existe una delgada línea entre las reformas constitucionales a través de mecanismos de democracia directa y lo que popularmente se ha denominado: interferir en la independencia de funciones del Estado.

El presidente Lasso debe ser claro. Y esa claridad de partir desde la transparencia, a la cual hay que llegar por intermedio del diálogo amplio, democrático, que involucre a todos, sin excepción de ninguna índole, sobre todo, para pulir el texto que se va a someter a aprobación o reprobación vía plebiscito en febrero del próximo año.

Y durante ese proceso de diálogo, informar con claridad, cómo evitar que estas reformas integrales se traduzcan en lo que ya hemos conocido a lo largo de los años, desde hace mucho tiempo, como la metida a la mano de la justicia, de triste recordación, sobre todo, durante el correato, cuando se utilizó una consulta popular para lograr ese fin y convertir a la Judicatura en un organismo de persecución y extorsión contra los operadores de justicia del país.

Si bien es cierto, el primer mandatario ha dicho que respeta la independencia de funciones del Estado, también es real que el simple hecho que el Ejecutivo convoque a los ecuatorianos a que respondan y decidan sobre el futuro de otra función estatal, es, al menos, llamativo. En ese contexto, las primeras voces ya se han pronunciado en todo el país, y parece que el rechazo es generalizado, a priori.

Es verdad que la función judicial deja enormes cuestionamientos en la forma y en el fondo de su proceder. También es real que eso no justifica una intromisión de esta naturaleza en su quehacer. Esperemos que el diálogo propuesto por el mandatario permita encontrar una salida viable sin llegar a lo que tanto ha criticado el señor presidente: la intromisión en otras funciones del Estado.