OPINIóN

Editorial: El policía y la Ley



El mensaje que la justicia de este país le da al crimen organizado es de terror. Una ola de críticas ha desatado la sentencia dictaminada contra el servidor policial quien debe cumplir la pena porque dos delincuentes murieron producto de un impacto de bala producido por el uniformado, que disparó en su afán de salvar la vida de un menor de edad. Ese fallo judicial, indudablemente, sirve para restarle respaldo y debilitar la institucionalidad de una ya friccionada Policía Nacional. Pero también, fortalece y revitaliza a las mafias que operan en el país, pues saben que no les pueden disparar.

Urge acciones ejemplarizadoras de quien corresponda. Acaso si el fallo judicial es el fruto de una impericia en la aplicación de la norma, pues el juez debe ser sancionado; pero si, ese fallo fue en estricto apego a lo que dispone la normativa legal vigente, y más bien, la impericia es de la Fiscalía, pues entonces, el fiscal del caso es quien debe ser sancionado. Ahora que, si el gendarme está preso por esas cosas de nuestra legislación, allí más bien los cambios deben ser orientados a la normativa vigente. Y concretamente, el Código Orgánico Integral Penal.

Por eso, es inadmisible señalar a una sola persona o institución como la responsable de la sensación de injusticia que existe alrededor de la sentencia contra el agente policial, pues el Estado en su conjunto ha dejado solos a los uniformados. La función legislativa no ha elaborado una buena Ley que sea el marco que proteja las decisiones de policías, militares y guías penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. La función judicial también ha fallado con la falta de sanciones claras contra los delincuentes pues, lamentablemente, notamos que peligrosos delincuentes quedan en libertad al poco tiempo de haber sido aprehendidos.

El Ejecutivo, de igual forma, al no dotar de lo necesario a los agentes del orden y va desde municiones, armas, tecnología, infraestructura hasta incluso, remuneraciones justas, acorde con quienes exponen sus vidas ante las mafias que hoy actúan en la nación. Lo acontecido esta semana, sin lugar a dudas, plantea profundos desafíos para decidir como república nuestro destino: seguir con leyes contemplativas con los delincuentes, o empezar a radicalizar esta lucha.