Las elecciones se acercan y las organizaciones políticas, así como los aspirantes candidatos, definen los documentos de rigor para cumplir con la ley. En marcha está el proceso de desarrollar los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas. Este requisito de Ley busca determinar cuáles serán los candidatos a inscribirse por cada partido o movimiento. En el caso de El Oro, 11 de los 14 alcaldes buscarán la reelección. Por tanto, deberán pedir licencia respectiva para inscribir sus candidaturas y, posteriormente, desarrollar su campaña electoral. En esa misma condición entra el prefecto, Clemente Bravo, que buscará la reelección. Adicionalmente, el alcalde de Pasaje, César Encalada, deberá renunciar a su cargo, porque busca terciar por la prefectura; mientras que dos de los cinco asambleístas (Carlos Falquez -PSC- y Carlos -UNES-) también deberán dejar sus curules para ser candidatos seccionales (alcaldía y prefectura, respectivamente).
Después viene el proceso de registro de alianzas entre organizaciones políticas. Ojalá en el caso específico de Machala, los aspirantes a candidatos logren consensuar candidaturas únicas, ya sea del frente de izquierdas, o de partidos de centro, incluso hasta de derecha, con el objetivo de lograr que quienes postulen para la alcaldía o prefectura, gocen de la preferencia mayoritaria de su tendencia, y que al estar en la papeleta, alcancen el poder con representativos márgenes de aceptación popular, que los convierta en verdades representantes ciudadanos, y no ocurra lo que suele acontecer cuando hay un nutrido número de contendores: se parte el voto, y el ganador no alcanza ni el 30 % de votación popular.
Pero un eje clave en este proceso electoral lo cumplirá, como siempre, el Consejo Nacional Electoral, y en el caso de El Oro, el 1 de agosto deberá posesionarse la Junta Provincial Electoral de El Oro con los cinco vocales designados. El rol de este organismo es clave, sobre todo, por la transparencia e independencia que debe marcar el accionar de los miembros de la Junta.
Las organizaciones políticas, de su lado, deben también procurar conformar adecuados equipos de control electoral, con el objetivo de evitar lamentos posteriores, o acusaciones inoficiosas en torno a supuestas irregularidades. Ojalá la clase política local alcance la madurez necesaria para aceptar los resultados conforme se den y no tengamos que pasar bochornosas escenas que extiendan el proceso eleccionario.