OPINIóN

Editorial: Profesión de riesgo



Ser abogado en este país se ha constituido en una profesión de riesgo, más aún si está ligado a la administración de justicia. El reciente asesinato de un fiscal en Guayaquil es el quinto sicariato contra un operador de justicia en el Ecuador en este año. Hay una tendencia clara. ¿Qué hace el Estado, en la actualidad, para proteger y salvaguardar la integridad e independencia de los operadores de justicia de este país? La situación que atraviesa esta nación es compleja. Lamentablemente, los tentáculos del crimen organizado se han involucrado por todos lados y la sensación general es que aparentemente nadie está a salvo.

En ese contexto, es importante la pregunta planteada por el presidente, Guillermo Lasso, en la consulta popular, a fin de permitir la extradición de personas: “¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?”, reza la segunda pregunta de la consulta popular. Ese es, al menos, un paso que busca frenar a estas mafias que operan en el país. Sin embargo, debe ir acompañado de un proceso de depuración y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

La identificación de los denominados narcogenerales de la policía y el retiro de visas a Estados Unidos de administradores de justicia que vieron incrementos sus patrimonios de forma injustificada, son unos pasos que ha seguido la justicia norteamericana para señalar hasta donde, aparentemente, habrían llegado los tentáculos del narcotráfico. Por eso es clave que el Estado ecuatoriano asuma un rol depurador, y, de esa manera, contribuir a evitar que la violencia se expanda en nuestro país. Cuidado y esperan más tiempo, porque quizá cuando reflexionen será demasiado tarde y tendremos realidades como las de Colombia o México y eso nadie quiere.

Es momento de actuar con firmeza y también con decisión política, para fortalecer la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, dar resguardo especializado a los operadores de justicia y, sobre todo, unir esfuerzos para devolverle la paz a los ecuatorianos.