OPINIóN

Editorial: Actitudes sospechosas


El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores se ha cansado de dar a conocer de forma pública su ineficiencia. Y tanta inoperancia es sospechosa.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores se ha cansado de dar a conocer de forma pública su ineficiencia. Y tanta inoperancia es sospechosa. Ante la creciente ola de violencia que ocurre en el país y que se origina en las cárceles de la nación, sumado al hecho de las revueltas que incluyen centenares de fallecidos dentro de los centros penitenciarios de la república, lo lógico sería actuar de forma inmediata en esos lugares. Pero no. El SNAI atina a admitir que no valen los inhibidores de teléfonos y tampoco las cámaras de videovigilancia instaladas en las distintas cárceles del Ecuador. Entonces, es evidente que no les interesa solucionar el problema existente. Lo peor es que todo ocurre delante del propio presidente, Guillermo Lasso, quien es el que permite todo esto, pues, si él estuviese realmente comprometido con la seguridad ciudadana, y buscaría la forma de evitar que dentro de las cárceles se planifiquen los delitos contra lo ecuatorianos, lo primero que haría sería mejorar estos dos aspectos, claves para cortar las cadenas de mando en las mafias, pero nada de eso.

El Ecuador está lejos de superar el problema de seguridad que existe dentro de las cárceles y en las calles del país. Al contrario, parece que el círculo vicioso continuará, de forma permanente y cíclica, con acontecimientos que se repiten cada vez con mayor frecuencia y en diferentes lugares. Coches bomba, atentados explosivos, sicariatos, asesinatos, disparos al aire libre, masacres carcelarias y una infinidad de etcéteras persistirán. Y como las mafias se sienten protegidas por un Estado ineficiente, pues toman más fuerza.

Es momento de que la sociedad también empiece a formar parte de manera activa en las decisiones del Estado. Es momento de exigirles a las autoridades e instituciones acciones efectivas sobre las principales preocupaciones que afectan a todos. Pero esas acciones no deben ser los paros ni las marchas, sino, actuaciones en el marco de la Constitución que garanticen respuestas a las inquietudes del país.