NACIONAL

Presidente de Asamblea no acatará medida judicial en caso CPCCS


QUITO. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, acompañado por los representantes del PSC, UNES y un sector de la ID y Pachakutik.

QUITO.- El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, rodeado de representantes de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), un sector de Pachakutik y tres legisladores separados del bloque de la Izquierda Democrática (ID), anunció que no acatará el fallo judicial que deja sin efecto la destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La salida a la prensa de Saquicela con sus aliados fue una respuesta al fallo del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ángel Lindao Vera, que aceptó una medida cautelar presentada por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz y deja sin efecto la resolución del Parlamento del 18 de noviembre pasado.

El juez provincial fundamenta su decisión en que se inobservó e irrespetó el estado constitucional de derechos y justicia, poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales de los consejeros: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, al darse trámite de un juicio sin los informes correspondientes.

El juez Lindao Vera pidió a la Asamblea Nacional que entregue los informes sobre los cuales el pleno se basó para el juicio político, las actas y el expediente del juicio procesado.

INTROMISIÓN

El titular de la legislatura, Virgilio Saquicela, afirmó que se debe respetar la institucionalidad y consideró que el fallo del juez de La Concordia es una injerencia de la Función Judicial en las decisiones que tomó la Función Legislativa, primer poder del Estado.

Rechazó que se hayan presentado catorce acciones constitucionales entre acciones de protección y medidas cautelares, pues siete de ellas, en la tarde del 22 de noviembre en el cantón La Concordia, y que la dinámica haya sido una a una, hasta que cayó en conocimiento de un juez que dicta la medida cautelar, en la que dice que no se proceda con la posesión de los nuevos vocales del CPCCS.

La medida cautelar se da antes de un hecho y la destitución de los cuatro vocales se dio el viernes 18 de noviembre a la medianoche y eso está consumado, afirmó Saquicela, por lo tanto, “nosotros no podemos acatar como Función Legislativa algo que es inejecutable, la Función Judicial no puede entrometerse”, anotó.

Como Asamblea, dijo, rechaza el intento de injerencia de la Función Judicial en el primer poder del Estado, por lo tanto, anotó que se ratifica en la convocatoria al pleno del Parlamento prevista para este jueves 24 de noviembre a las 16:20. “No se puede manosear la justicia, no se puede entrometer en la Función Legislativa, bajo ese punto de vista los hechos se han dando dentro del marco constitucional”, insistió Saquicela.

Manifestó que no cree que, por ignorancia, sino por manipular que intentaron entregar un informe por fuera del plazo legal; por lo tanto, no existía informe y se tenía que aplicar el último inciso del artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, a base del cual se procedió a sustanciar el juicio y la documentación entregada a todos los legisladores.

El representante del Parlamento indicó que no existe informe sobre el juicio, pues lo que no está dado dentro del plazo es inexistente jurídicamente hablando, por lo tanto, “si no existe informe, no hay cómo entregar ningún documento en ese sentido”.

Saquicela Espinosa insistió en mantener la convocatoria al pleno para este jueves y dijo que da por sentado que habrá quorum respectivo y procederá a la posesión de los nuevos funcionarios del CPCCS.

Posiciones

El legislador nacional de Pachakutik Ricardo Vanegas comentó que el artículo 84 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional no puede hacer ningún acto vulnerativo de derechos constitucionales, pues es una equivocación del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y de otros legisladores de que los actos, así sean políticos, que se adopten en la Asamblea no pueden ser susceptibles de acciones constitucionales.

En un país democrático ningún ciudadano puede ser juzgado sin expediente, sin que se pueda señalar las pruebas que fueron practicadas en su contra; pues si a una persona se juzga sin el derecho a la legítima defensa, es obvio que tiene derecho a recurrir a una acción constitucional.