QUITO. El Pleno de la Asamblea se allanó a la objeción parcial que había sido presentada por el presidente, Guillermo Lasso, con 129 votos a favor.
QUITO.- El proyecto de Ley para la Transformación Digital y Audiovisual concluyó con su trámite este martes 31 de enero del 2023. La norma será enviada al Registro Oficial para su respectiva publicación y entrada en vigencia en los próximos días.
El Parlamento se allanó a la objeción parcial que había sido presentada por el presidente, Guillermo Lasso, con 129 votos a favor. El texto fue presentado con el carácter de económico urgente por el Ejecutivo.
En materia audiovisual, la ley define a este sector como de interés nacional. A su vez, crea el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) a favor de productoras nacionales y extranjeras hasta por el 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos.
Además, fija un régimen especial de exoneración tributaria para la importación de bienes de capital para producciones; del Impuesto a la Salida de Divisas a los pagos en el exterior por productos, salarios o viáticos para esta actividad. Esto abarca el Impuesto a la Renta en pagos al exterior por la prestación de servicios en la producción audiovisual; y, del Impuesto al Valor Agregado a los servicios digitales avalados por el Servicio de Rentas Internas.
La asambleísta ponente del informe fue Daysi Yuquilema, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Resaltó que este es el resultado del trabajo conjunto entre las Funciones Legislativa y Ejecutiva. El texto fue consensuado en mesas técnicas antes de su presentación.
La legisladora resaltó que el objetivo es impulsar la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, el uso efectivo y eficiente de plataformas y servicios digitales necesarios para el desarrollo del empleo, educación, salud y productividad.
DIGITALIZACIÓN
El Ministerio de Telecomunicaciones será el encargado de transversalizar la adopción de tecnologías digitales para la administración, procesos y servicios públicos y privados. Los organismos de la administración pública y privada implementarán y aceptarán el uso de la firma electrónica, resaltó la Asamblea.
Las escuelas, colegios y universidades deben ofertar programas o materias que, por su naturaleza, puedan ser cursadas de manera virtual. Así también, las instituciones de educación superior deberán contar con un mínimo de 5% de profesores que ejerzan labores académicas en modalidad virtual.
El nuevo cuerpo normativo reforma las Leyes de Telecomunicaciones, Educación Intercultural, Educación Superior, Código de Comercio, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; Ley Notarial, Código Orgánico General de Procesos; Ley de Registro; y, Ley de Compañías.