Editorial: León de Troya

La Asamblea Nacional reveló el miércoles los nombres de las autoridades y exautoridades que tendrían vínculos societarios con empresarios albaneses ligados al narcotráfico. Esa lista la obtuvo la legislatura de un informe de la Superintendencia de Compañías y forma parte de la investigación del caso Encuentro. Si bien es cierto, la ciudadanía exigía nombres, también es real que la liberación de esa información puede entorpecer las investigaciones, claro, si es que creemos que esa investigación se la lleva a cabo de forma transparente y no de la chantajista manera como nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

Ya salieron al paso, como era de esperarse, algunos políticos en funciones a decir que es falso y que el asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik, miente. Primero, la información que divulgó el legislador Vanegas no es de él ni de su base de datos, es lo que extrajo del informe entregado por la Superintendencia de Compañías. En segundo término, no es ante los medios de comunicación ni en Twitter la instancia en la que deben desmentir solo con su boca los hechos, sino, demostrar, con la evidencia requerida, ante la autoridad competente, que, en efecto, no tiene vínculos con la mafia albanesa.

Las 80 personas señaladas en el informe deben responder ante la justicia. Es obligación de la Fiscalía iniciar todo el procedimiento que corresponda para aclarar este hecho y meter a la cárcel a quien se deba, con el objetivo de evitar la impunidad. En paralelo, la Asamblea Nacional debe iniciar, en el marco de sus competencias y de la Constitución, los procesos de fiscalización respectivos contra todos los funcionarios y exfuncionarios, con el objetivo de que no vuelvan nunca más a la función pública, y en ese contexto, iniciar los juicios políticos que fueren necesarios para sacar a los culpables de la Asamblea, del Gobierno y de los gobiernos autónomos descentralizados.

Es momento de darnos un baño de verdad y empezar a visibilizar a quienes utilizan la función pública para protervos intereses personales. La justicia debe ser implacable y la investigación de la Fiscalía también debe ser transparente e independiente para evitar la impunidad, pues parte de la ola de violencia que hoy vivimos en el país se debe, precisamente, a quienes se enriquecen con dinero mal habido.