Con 59 firmas de cinco bloques distintos, la Asamblea Nacional procedió a solicitar de forma oficial el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso.
Con 59 firmas de cinco bloques distintos, la Asamblea Nacional procedió a solicitar de forma oficial el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, en una jugada en la que los legisladores dejan en evidencia que tendrían ya los votos necesarios para destituir al primer mandatario. Los golpistas están conscientes que el primer mandatario tiene todavía bajo el brazo la opción de la muerte cruzada y que la puede activar en caso de que la Corte Constitucional dé paso al pedido legislativo de iniciar el juicio político contra el jefe de Estado.
La disidencia de Pachakutik afirma que no quieren ser utilizados para el golpe de Estado, sin embargo, sí darán sus votos para el juicio político contra el presidente Lasso, por no cumplir, según ellos, los acuerdos programáticos con los indígenas establecidos en las mesas de diálogo. La disidencia de Izquierda Democrática, de su lado, hace todo lo que UNES le diga que haga. A ellos se suman 15 votos socialcristianos, 47 correístas y resta por conocer cuántos independientes se adhieren a la moción golpista, que incluye al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. En teoría, por ahora, 90 votos tendrían los golpistas y se requieren 92. Solo queda por observar qué postura adoptan los independientes a quienes, parece, no resulta muy difícil de convencer. Por lo pronto, el gobierno ya salió a rechazar este pedido, que, por cierto, fue muy mal formulado, con groseros errores típicos de estos legisladores a quienes les cuesta tanto leer.
Si los asambleístas finalmente logran su cometido y asestan el golpe de Estado, se vienen días turbulentos para el país, pues debe asumir y culminar el periodo el vicepresidente, Alfredo Borrero, en una apuesta por saber si logrará cambiar algo la actualidad que vive el Ecuador. La otra alternativa es que en el camino el presidente Lasso active la muerte cruzada. Si lo hace, se disuelve el Congreso y en seis meses se deberá convocar a elecciones anticipadas mientras el jefe de Estado gobierna por decreto bajo revisión de la Corte Constitucional. En ese contexto, ¿cambiará algo la aceptación del presidente Lasso ante la ciudadanía?, o, en otro escenario, ¿están las organizaciones políticas listas para enfrentar un nuevo proceso democrático?