QUITO.- En medio de las críticas al Consejo de la Judicatura (CJ) por resoluciones adoptadas y el retiro del respaldo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía y el Ejecutivo a sus delegados en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la Judicatura avanza con el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de siete jueces de Corte Nacional.
QUITO.- En medio de las críticas al Consejo de la Judicatura (CJ) por resoluciones adoptadas y el retiro del respaldo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía y el Ejecutivo a sus delegados en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la Judicatura avanza con el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de siete jueces de Corte Nacional.
El CJ informó que de los 246 profesionales que pretenden ser parte del concurso público, 201 cumplieron con todos los requisitos solicitados en la fase de postulación en la plataforma tecnológica; 44 no cumplieron con los requisitos y uno, pese a cumplir con los requisitos, fue descalificado por incumplir el artículo 29 del instructivo del concurso, el cual señala que como lo dispone el artículo 182 de la Constitución, los jueces de la CNJ que hubiesen sido designados a periodo fijo no podrán ser reelectos y serán descalificados.
Durante el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos se identificó que el actual juez de la Sala Penal de la Corte Nacional, Byron Guillén, cumplió con los requisitos estipulados para participar en el concurso; sin embargo de aquello, conforme el criterio y análisis emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CJ, se considera “descalificado del concurso”, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 29 del instructivo del concurso, el cual habla de la exclusión.
Entre los 44 postulantes que no cumplieron con los requisitos establecidos está Walter Macías, juez de la CNJ que el 9 de agosto pasado fue destituido del cargo con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal de ese organismo, Xavier Muñoz. Actualmente Macías está a la espera que se defina una fecha para que se dé una audiencia en la que se resolverá la acción de protección que presentó para revertir la destitución decidida en su contra.
El juez Guillén es el magistrado que mantiene la ponencia del informe respecto a la queja planteada por la vocal Maribel Barreno ante una supuesta “falta grave” del entonces juez Macías en el trámite del proceso penal por tráfico de influencias en el que la denunciante es parte de los procesados. El pleno de la CNJ deberá conocer y tratar el informe de declaración previa ante un posible error inexcusable que sea elaborado por Byron Guillén.
El proceso para destituir a Macías, quien fue parte del Tribunal de Juicio del caso Las Torres y estaba a cargo de la audiencia preparatoria de juicio contra los vocales del CJ Juan José Morillo y Maribel Barreno, acusados de tráfico de influencias, no solo generó el retiro del respaldo del pleno de la CNJ a Wilman Terán, su representante, sino también que la Fiscalía General del Estado tenga a ese hecho como una de las situaciones investigadas dentro de un proceso por obstrucción de la justicia, causa en la que ya ha pedido fecha para formular cargos contra ocho funcionarios de la Judicatura, entre quienes están Terán y los vocales Muñoz, Barreno y Morillo.
