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QUITO.- Más de tres meses después de que el juez nacional Luis Rivera recibiera el pedido de la Fiscalía General del Estado para en una audiencia formular cargos por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios públicos del correísmo relacionados con una obra para la reconstrucción de Manabí.
QUITO.- Más de tres meses después de que el juez nacional Luis Rivera recibiera el pedido de la Fiscalía General del Estado para en una audiencia formular cargos por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios públicos del correísmo relacionados con una obra para la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016, el magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) define una fecha para la diligencia: el jueves 7 de septiembre próximo a las 08:30.
Dentro del denominado caso Reconstrucción de Manabí, además de Glas, expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, también son investigados Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.
La fiscal general, Diana Salazar, hizo la solicitud el 1 de junio pasado, una vez que encontró elementos suficientes que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, señaló.
La Fiscalía recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, el 20 de mayo de 2016.
Según el ente acusador, esta ley contempló la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos para que sea destinada para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país. “Con esta ley y el aumento del IVA se recaudaron más de $ 1.614 millones que se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto, es decir, no eran emergentes, ni estaban dirigidos a los damnificados”.