El crimen organizado y la ola de violencia que arrastra tiene en serio riesgo a la comunidad de las instituciones educativas públicas y privadas, es decir, autoridades de los planteles, personal docente y administrativo de escuelas y colegios, padres de familia y, sobre todo.
El crimen organizado y la ola de violencia que arrastra tiene en serio riesgo a la comunidad de las instituciones educativas públicas y privadas, es decir, autoridades de los planteles, personal docente y administrativo de escuelas y colegios, padres de familia y, sobre todo, estudiantes y las autoridades del Estado no hacen absolutamente nada por garantizar la integridad de niños, niñas y adolescentes. Nuestra Constitución determina como obligación del Estado garantizar sin discriminación alguna el acceso a la educación laica y gratuita, además de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. ¿Qué hacen para garantizar el cumplimiento de estos derechos?, ¿Acaso esperan que un niño que acude a un plantel muera por alguna bala perdida?, ¿qué más debe pasar para sacudirlos de sus cómodos escritorios y empiecen a actuar? Tienen miedo disponer el regreso a la educación telemática o militarizar todos los establecimientos educativos públicos y privados. ¿Por qué no lo hacen? Para lavarse las manos ahí sí están viendo la Constitución para determinar cuáles son sus competencias, porqué no hacen lo mismo para garantizar al goce pleno de los derechos de los más vulnerables en esta crisis de inseguridad. Ustedes prefieren mantener sus puestos de trabajo y ser leales a un gobierno antes que a los ciudadanos que son quienes esperan acciones efectivas de su parte y que sin embargo estas no llegan.
El Oro es la provincia más violenta del país, según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, con 41 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, superando el promedio de todo el continente.
Los sectores productivos orenses también sufren las consecuencias del embate de la delincuencia y ustedes, bien gracias, siguen con sus reunioncitas con café caliente y aire acondicionado, mientras en el puerto se juegan la vida todos los días los estibadores, transportistas y demás personas humildes involucradas en la cadena de valor de la industria bananera. ¿Han hecho algo para retomar las exportaciones?, o están esperando que alguien muera al interior del puerto para recién actuar. Ya no queremos excusas, queremos acciones. No provoquen más a los ciudadanos de esta provincia noble y trabajadora. ¿Sí están conscientes de que si se cae la industria bananera se desploma la economía del 90 % de los hogares de esta provincia? Entonces qué esperan para trabajar.
