Era evidente que las tropelías de Alembert Vera iban a traer consecuencias nefastas para la institucionalidad y gobernabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Era evidente que las tropelías de Alembert Vera iban a traer consecuencias nefastas para la institucionalidad y gobernabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El organismo, que debe enfocarse en sacar adelante los concursos de las diferentes autoridades de control, busca destituir a quienes todavía no se alinean a su tendencia política, en lugar de desarrollar la función para la que fueron elegidos. Y cabe la generalización, porque el abogado de Rafael Correa no trabaja solo. Sus atropellos a la ley son secundados por la mayoría correísta que gobierna esa institución.
Se inventaron un subterfugio para revisar la tesis de la fiscal Diana Salazar, quien, evidentemente, resulta un personaje incómodo para el correato en su plenitud. Ellos querían destituirla. Ahora, dieron paso a una veeduría dispuesta por un juez de Montecristi, para observar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, con el propósito de destituir a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Quién mentalizó todo esto? Es evidente lo que planean. Es el mismo modus operandi: primero fue Acción Jurídica Popular, un grupo de abogados correístas liderado por la esposa del exdefensor del Pueblo correísta que está en prisión por un delito sexual contumaz. Ese colectivo planteó ser recibido en audiencia por el CPCCS para investigar un presunto plagio de la tesis de la fiscal, lo cual finalmente fue desestimado gracias al informe de la Universidad Central. Ahora, a una ciudadana se le antojó revisar las decisiones de Julio César Trujillo, un patriota que dio paso al concurso que terminó en la designación de Diana Salazar como fiscal general y a la conformación de la CC. La veeduría busca destituir a los jueces constitucionales. No puede hacer nada de eso porque las decisiones del transitorio están blindadas por una sentencia de la Corte.
Los consejeros de la Liga Azul están asustados. Temen ser destituidos. Aplicaron el mismo modus operandi del cura Tuárez, que está preso; de Victoria Desintonio y Walter Gómez, exconsejeros destituidos por similares atropellos a la Ley y que después, descaradamente se candidatizaron a la Asamblea Nacional por el correísmo, como premio por inmolarse. ¿Qué les hace pensar entonces a Vera y compañía que correrán una suerte distinta? Por eso están callados, guardando el silencio de los cobardes.