QUITO. Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana.
QUITO.- La Corte Constitucional no podría aplicar como sanción su destitución como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pues es una «autoridad electa democráticamente», afirmó en su defensa el presidente del organismo, Alembert Vera, ante la evaluación al cumplimiento de un dictamen constitucional que podría acarrear sanciones.
Los actuales siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana apenas llevan 124 días en funciones y se enfrentan a una evaluación por parte de los jueces de la Corte Constitucional (CC), que inició la verificación del cumplimiento de un dictamen interpretativo que emitió en mayo del 2019, en el que protegió las actuaciones del CPCCS de transición que presidió Julio César Trujillo (+).
Este escenario se enmarca tras la creación de una veeduría ciudadana que pretende diagnosticar y evaluar el cese de funciones y designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional, que realizó el Consejo de transición en el 2019.
La veeduría la solicitó una ciudadana Betty Moreira Marcillo, pero le fue negada por el excoordinador jurídico del Consejo, Julio Varas, quien alegó la imposibilidad de observar o revisar las actuaciones del transitorio por la vigencia del dictamen constitucional.
Pero a través de una acción de protección, Moreira logró que un juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimís, disponga la inmediata creación de esta veeduría, con apoyo técnico y presupuesto.
De forma paralela, el presidente del Consejo, Alembert Vera, destacó la decisión judicial y en una declaración del 30 de agosto expresó: «Hemos sido notificados con esa sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación, e invitamos a toda la ciudadanía, a los profesionales que en su momento tuvieron que callar por miedo o por presión, para que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato».
Su opinión abrió paso a que la Corte dé inicio a la verificación de seguimiento de su dictamen y convocó a los siete miembros del CPCCS a una audiencia pública para que expliquen sus actuaciones para dar cumplimiento a su mandato, el próximo 25 de septiembre.
«Iniciar la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19 para verificar si las conductas de los sujetos individualizados, por acción u omisión, de forma directa o indirecta o por aquiescencia podrían estar encaminadas a contravenirlo», expresa su auto del 13 de septiembre.
En el caso de que los jueces concluyan que esta veeduría afectó su mandato, puede aplicar los mecanismos que considere necesarios para garantizar su ejecución y, de considerarlo, puede disponer sanciones que pueden acarrrear hasta la destitución, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 8 de la Constitución.
Dicho artículo señala que, si una sentencia o resolución no se cumple por parte de servidores públicos, el juez ordenará su destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a la que haya lugar.
Sin embargo, Alembert Vera difiere de este criterio y dijo que no se sentía preocupado por una posible destitución, «porque las sentencias de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) entre algunas, la de Petro-Colombia, Pacheco-Honduras, Cepeda-Colombia, Camba-Ecuador, prohíben expresamente que se genere una destitución por parte de la Corte Constitucional, respecto de autoridades electas democráticamente», expresó en el programa de entrevistas Un café con JJ, de este 15 de septiembre.
El consejero exaltó la «valía académica» de los jueces de la Corte, pues «estamos seguros, conocemos el prestigio académico de nuestros jueces y por ende entendemos que no podría dar paso a una destitución, sí quizás a unas recomendaciones», manifestó.
Empero, un antecedente de destitución de dignidades de elección popular sucedió hace ocho meses. La misma Corte Constitucional destituyó el 23 de enero de 2023 a los siete exvocales del CPCCS, que presidió Hernán Ulloa, por incumplir una de sus sentencias en la que ordenó elegir al vocal faltante del Consejo de la Judicatura.
Para justificar la creación de la veeduría, Vera contó que una persona intentó plantear una medida cautelar en contra de la sentencia del juez Quimís, pero una jueza de Pichincha le negó. Por lo que se ratifica la vigencia de la creación de la veeduría, en la que hay 19 personas admitidas a las que se las capacitará y elaborarán su plan de trabajo para evaluar cómo se eligió a los jueces de la alta Corte.
Para Vera es un «grave error» que la Corte haya iniciado el seguimiento de su sentencia, pues el fallo de Quimís ni «siquiera está ejecutoriado», ya que el 29 de septiembre está convocada una audiencia de apelación en la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
Pero a la Corte, Vera y otros tres vocales con los que hace mayoría en el pleno, también deberán explicar respecto del expediente de investigación que se abrió en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, promovida por un colectivo Acción Jurídica Popular, que la acusó de plagio de su tesis universitaria.
La fiscal Salazar advirtió a la Corte, en junio pasado, que estos procedimientos podrían afectar el mencionado dictamen interpretativo.
La Corte dio un plazo de 72 horas al pleno del CPCCS para que presente un informe pormenorizado de estas actuaciones, por lo que Vera convocó a una sesión extraordinaria para este sábado 16 de septiembre a las 11:00.
En medio de esta coyuntura, el Consejo se abre otro frente: el concurso para la elección del titular de la Contraloría General del Estado.
Una ciudadana, Jenniffer Díaz Ortiz, presentó una acción de protección con medidas cautelares, que fue admitida a trámite por el juez Jorge Medida, de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas), quien suspendió la elección de esta autoridad, que se encuentra a dos fases de terminar.
Díaz demandó a Alembert Vera, como presidente del CPCCS por su presunta «omisión» en «no vigilar» con el pleno los procedimientos que está aplicando la comisión ciudadana de selección para llevar a cabo el concurso, que levantan dudas y reclamos de varios postulantes que se sienten afectados en la calificación de méritos, cuyo informe se aprobó el 12 de septiembre.
Alembert Vera aseguró que no ha sido notificado con la aceptación de la medida cautelar, que suspendió de inmediato el proceso, hasta que se resuelva el fondo de la acción de protección.
Por ello, no se detendrán las actividades, como la rendición del examen escrito a 103 concursantes que está previsto a realizarse este 19 de septiembre en un colegio de Quito, anunció Vera este viernes.
La organización de este concurso preocupó también a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que el coordinador nacional, Germán Rodas Chaves, solicitó a la comisión ciudadana información sobre la calificación de méritos.
Los alertó la reducción de diez puntos a uno de los aspirantes a ese cargo, Guido Escobar Pérez, quien había alcanzado un puntaje de 50/50 en sus méritos.
El presidente de la comisión, Marco Chalco, con el apoyo de otros cinco comisionados, expresaron su indignación porque se habría «sobrevalorado» la carpeta de Escobar en el ítem de experiencia laboral. Volvieron a revisar sus puntajes y le redujeron diez: se quedó con 40.
Con ello, entre los mejores puntuados están la candidata Alejandra Vivanco Carrión con 49,5/50 y Juan Falconí Puig con 47/50, en los méritos.
Chaves reclamó que con esta acción se trataría de «favorecer a los candidatos que se ubicaban luego de Escobar y en especial a quienes son patrocinados por sectores políticos interesados y que tienen antecedentes nefastos relacionados con los atracos en el país de la empresa Odebrecht y en la gestión de la Contraloría», anotó en un documento enviado a Chalco este 13 de septiembre.
Añadió que «la burda alteración del informe técnico de puntuación lo efectuó el presidente de la comisión y fue aprobado por mayoría de sus miembros, luego de una revisión exclusiva de dos documentos del candidato a quien se perjudicó, ya que, con los mismos criterios en la valoración de su experiencia profesional, se mantuvo la puntuación de una candidata, todo lo cual resulta insólito, discriminatorio y violatorio de las normas constitucionales y legales».
Sobre estos hechos, Vera no se ha pronunciado.
El presidente del Consejo aún tiene un pendiente en el ámbito electoral: una denuncia por presunta infracción electoral por el auspicio político en redes sociales que recibió su candidatura en la campaña electoral para las elecciones del 5 de febrero de 2023, del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el político Rafael Correa.
En primera instancia, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, negó y archivó la denuncia impulsada por el consejero suplente del CPCCS Juan Esteban Guarderas y su colega, Bernardo Jijón, que son parte de la Fundación Lucha Anticorrupción (FLAC).
El juez electoral concluyó que las redes sociales no son consideradas como medios digitales de comunicación, de acuerdo con el Reglamento de Promoción Electoral, por lo que la difusión de publicidad en estas plataformas no se considera como parte de la promoción electoral.
Vera aseguró que «venció la democracia», aunque está previsto que Guarderas presente un recurso de apelación que deberá ser resuelto por el pleno del Tribunal Contencioso, cuya decisión será de última y definitiva instancia.
