Cuando Guillermo Lasso deje el poder, a finales de noviembre, hará lo mismo que han hecho sus dos últimos antecesores, Rafael Correa y Lenín Moreno.
Cuando Guillermo Lasso deje el poder, a finales de noviembre, hará lo mismo que han hecho sus dos últimos antecesores, Rafael Correa y Lenín Moreno: huir del país para no enfrentar el escrutinio público de su administración. Correa debería estar en la cárcel, mientras que Moreno aún debate su suerte en los tribunales; debería presentarse periódicamente en un juzgado en el país, pero no le da la gana de venir porque sabe bien que podría ser capturado. Todo apunta a que Lasso aplicará la misma receta, refugiarse en alguna nación extranjera y no enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos administrativos al frente del país.
Pero, resultó ser más astuto que Correa y Moreno, porque mediante Decreto Ejecutivo, no solo que se blinda él, sino que amplía el blindaje a su esposa, tanto dentro como fuera del país. Esa astucia no solo se visibiliza por el privilegio otorgado en la víspera de dejar el mandato, sino porque el mismo Lasso fue quien derogó un decreto similar emitido por el expresidente Correa. Además, a diferencia de Correa y Moreno, Guillermo Lasso no terminó su mandato, tuvo que verlo concluir antes por la muerte cruzada.
Lasso es audaz y en el colofón de su gestión, al menos, ya actúa de manera frontal y no camuflada como lo hizo en dos años: vela solo y únicamente por sus intereses. Utiliza el poder público para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia, más no la de la mayoría de los ecuatorianos.
La próxima Asamblea Nacional tiene otras prioridades como para fiscalizar a funcionarios que ya no están en funciones. Más bien, el contralor entrante, cuya hoja de vida, al menos por ahora, luce intachable, tiene el deber cívico y moral de iniciar cuanto examen especial de auditoría sea pertinente, a la administración de Guillermo Lasso, incluyendo todo su gabinete, sin excepción alguna, y establecer, en caso de encontrar irregularidades, las sanciones que sean pertinentes, y cuando exista eso, ahí sí corresponderá al Estado pagar las glosas respectivas, en caso que se determine aquello, y aplicar el derecho de repetición a quien corresponda, llámese como se llame. No puede seguir campeando la impunidad. Hoy parece ser una política pública que los mandatarios corruptos, al concluir su gestión, huyan del país porque saben que hay impunidad.