De las 11 preguntas de la consulta popular, cinco tienen que ver con la participación activa de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad.
Jhonny Crespo Angulo
A más de las once preguntas para la consulta popular que envió el Ejecutivo a la Corte Constitucional, CC, el gobierno de Daniel Noboa planea otras cinco más, esto hasta recibir el dictamen de control previo obligatorio. Tiene 20 días -contados a partir del inicio del trámite-.
La CC designó a la jueza Teresa Nuques como ponente de la consulta; es decir que ella deberá elaborar un proyecto de dictamen que se someterá a decisión del pleno, que está integrado por nueve magistrados.
Dentro las preguntas y en caso el pueblo ecuatoriano apoye la propuesta presidencial, las Fuerzas Armadas, FF.AA. tendrán un papel protagónico para erradicar a las organizaciones criminales y también como refuerzo a la seguridad ciudadana que viene cumpliendo la Policía Nacional. Además, aumentar las penas en varios delitos, como terrorismo, asesinato, tráfico de sustancias a sujetas a fiscalización, sicariato, tráfico de armas, entre otros.
Experta
En ese contexto, este medio dialogó con Carla Álvarez, quien es docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y experta en seguridad ciudadana. Desde su punto vista, refiere que es una consulta popular que está orientada más a la seguridad, pero para ella no existe un norte claro, señalando que por un lado se plantea dar más funciones a las FF.AA. y restringir el control sobre el rol de las mismas, la Policía y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
La experta al realizar un análisis de las preguntas, describe que algunas de estas requieren de una ejecución y no necesariamente demandan de una consulta popular, porque se lo puede hacer con una disposición, reforma o decreto. Citó a la pregunta 2, donde los miembros de las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones y accesorios, etc., en vías, caminos y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social.
En cambio, en la pregunta 4 sostiene que se requiere reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, y que se debe de hacerlo a través de la Asamblea Nacional. “Podemos estar de acuerdo en aumentar las penas, pero no hay un objetivo claro en los 10 delitos que se quiere aumentar las penas”, analiza Álvarez.
“En caso el pueblo diga sí a la pregunta 4, ¿cómo este aumento de penas va a reducir la incidencia de ese delito?, porque también hay que ver cuáles son los delitos que más se comenten en el país”, agregó. Mencionó que los delitos que más se comenten son: tráfico de armas, la extorsión y el tráfico de drogas, según el índice del Crimen Transnacional Organizado. Y los delitos de mayor crecimiento son los crímenes contra la flora y la fauna y el tráfico de drogas, indicó.
Álvarez al ser una comparación de estos delitos, estos no están relacionados con el aumento de penas, de acuerdo a los datos de la organización antes mencionada con las propuestas de la consulta popular, pero al tener una política pública donde el gobierno defina cuáles son delitos que se pretende apuntar para reducir su cometimiento y el impacto a la sociedad, sería más claro la comparación, aclara.
TEMA POLÍTICO
La investigadora al ser estas valoraciones, cree que estas propuestas tienen un impacto más “político” que, sobre la inseguridad; “es decir, nos va ayudar más a sostener la popularidad del presidente, que a reducir los indicadores de violencia e inseguridad en el país”.
Esta advertencia las hace porque es un año electoral y es un poco más de año complejo para este gobierno y por ende busca posicionar su imagen, “más que tener resultados efectivos, porque es muy difícil revertir la situación de seguridad del país en un año”.
Y Álvarez añade que esta consulta popular es el complemento perfecto para posicionarse y que se está buscando cambiar la situación de inseguridad, “pero en términos efectivos, es muy complejo lograr revertir la situación de inseguridad”, insiste.
ARMAS INCAUTADAS
En relación a la pregunta 7, donde se menciona que las armas incautadas en un delito puedan destinarse a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para su uso, dijo que esto entorpecería a la labor de la justicia, debido a que sería un poco efectiva y digna para las fuerzas del orden. Contó que en otros países estas son analizadas para ver cómo va el flujo, desvío y cuáles el comportamiento de los mercados ilícitos de armas. “La Policía debe tener sus propias armas”, precisó.
‘Pero en términos efectivos, es muy complejo lograr revertir la situación de inseguridad’.
También consideró que la pregunta 11, referente a los casinos, permiten e invitan a “lavado de dinero de negocios ilegales”.
Y en el caso de la pregunta 8, sobre las auditorías a los patrimonios de los servidores de la Función Judicial, añade que actualmente los órganos de control lo pueden ejecutar y que esta evaluación se debe de extender a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y guías penitenciarios.
“No hay que olvidar que las Embajada de Estados Unidos, ya alertaba de unos patrimonios excesivos para determinados generales de la Policía, pero nunca se investigó y eso no prosperó”, manifestó.
Criterios
Francisco Morán, de 77 años.
“Indudablemente las Fuerzas Armadas que son parte de la ciudadanía, tienen el pleno derecho de participar en esta responsabilidad de garantizar la seguridad a los ecuatorianos. Porque si los militares están armados y nosotros desarmados, deben darnos la seguridad”.
Elvia Ludeña, de 70 años.
“Ahora tengo que leer bien las preguntas de lo que propone el presidente, aunque nosotros esperamos que las Fuerzas Armadas estén en las calles permanentemente, pero que se vean resultados positivos y no lo malo. En mi sector ha habido una serie de muertes y robos”.
Víctor Gaona, de 75 años
“Es muy buena la idea del presidente, pero el problema es que, si no le aprueban, el pueblo seguirá sufriendo. Lo que nosotros queremos es que se brinde seguridad para la gente de a pie, porque no tenemos seguridad para nada. Cuando se llama para a un auxilio no llegan”.
Ermel Cedeño, de 66 años.
“Es una muy buena estrategia, porque los militares deben de apoyarle a la Policía, para que así nos ayuden a combatir tanta delincuencia. Uno ya no puede salir ni a las calles. Las fuerzas del orden tienen que tener el respaldo del Estado, porque no es justo que el delincuente mate y salga de la cárcel. Votare por el Sí”.
Angela Tenorio, de 69 años
“Está bien que los militares salgan a las calles y le den ese apoyo a la Policía Nacional, porque así va existir más seguridad en las calles. Uno tendrá más esperanza al saber que nos ayudarán en tener paz y más que todo, a la provincia. Lo que está haciendo el presidente está muy bien con lo que está proponiendo”.
