OPINIóN

Editorial: Purga en El Oro


Manuel Jesús Zhapán Tenesaca, Wilson Patricio Landívar Lalvay y Rafael Marcos Arce Campoverde, del Tribunal de Garantías Penales de El Oro; Jorge Salinas Pacheco, Oswaldo Piedra Aguirre y Manuel de Jesús Mejía Granda.

Manuel Jesús Zhapán Tenesaca, Wilson Patricio Landívar Lalvay y Rafael Marcos Arce Campoverde, del Tribunal de Garantías Penales de El Oro; Jorge Salinas Pacheco, Oswaldo Piedra Aguirre y Manuel de Jesús Mejía Granda, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de El Oro, son los jueces que cometieron un error inexcusable de su fallo a favor de los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla y sus empresas, a quienes declaró inocentes en el delito de lavado de activos que se seguía en su contra.

Aunque resta que continúe el debido proceso para que el Consejo de la Judicatura ratifique la sentencia y disponga el proceso administrativo de separación de los mencionados jueces, no queda duda que este proceso forma parte de la anunciada depuración en el sistema de justicia, por parte del Consejo de la Judicatura.

No quedan dudas que acciones como las que lidera la fiscal, Diana Salazar, generan un efecto multiplicador en otras instituciones que se alinean en esa senda de la búsqueda de justicia y erradicación de impunidad en una lucha sin cuartel contra la corrupción.

Hoy quedan expuestos los jueces antes señalados por dejar en libertad a los hermanos Salcedo, pero hay tantos otros casos donde la sensación de injusticia la sienten las madres solteras, adultos mayores, obreros despedidos de forma intempestiva sin liquidaciones justas, herederos que sufren despojos sin explicación alguna, y tantos otros usuarios de los servicios de justicia que no encuentran respuestas a inexplicables decisiones judiciales.

Está en entredicho el accionar de jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio y demás involucrados en el ámbito judicial, en especial, luego de las revelaciones de los casos Metástasis y Purga, por lo que resulta imperioso que el Estado agote esfuerzos por lograr depurar la justicia, y garantizar a los ciudadanos que sus procesos serán llevados por los nuevos magistrados de forma justa y transparentes, solo así, los ecuatorianos podrán volver a confiar en la justicia de este país. Hoy no hay confianza y eso es grave en un Estado de Derecho. Por eso, hay que rescatar a las cortes provinciales y tribunales del país, en beneficio de los ecuatorianos.