A pesar de los esfuerzos por modernizar la administración pública y digitalizar procesos, los tramitadores siguen siendo una presencia persistente en instituciones como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito.
A pesar de los esfuerzos por modernizar la administración pública y digitalizar procesos, los tramitadores siguen siendo una presencia persistente en instituciones como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito. Son como una especie resistente a la evolución, que se adapta a los cambios sin desaparecer, alimentándose de la burocracia, la desinformación y la desesperación de los ciudadanos.
El tramitador no es un fenómeno nuevo. Durante décadas ha sido el “salvavidas” de quienes buscan evitar largas filas, papeleo engorroso o sistemas poco intuitivos. Se posiciona en las inmediaciones de las instituciones, ofrece soluciones rápidas y cobra por lo que, en teoría, debería ser un servicio eficiente y accesible para todos. Su existencia es un reflejo de un problema mayor: la falta de transparencia, los procesos engorrosos y la ineficiencia estatal.
El gobierno ha implementado plataformas en línea para reducir el contacto directo con funcionarios y minimizar la corrupción. Sin embargo, los trámites digitales no siempre funcionan con la fluidez esperada, lo que obliga a muchos a recurrir a estos intermediarios. El ecuatoriano promedio, cansado de lidiar con portales web que fallan, citas que nunca llegan y sistemas saturados, opta por la solución más rápida, aunque implique un costo adicional. Pero el problema no es solo la tecnología. La cultura del “contacto” sigue profundamente arraigada en la sociedad ecuatoriana. “Tengo un conocido que puede ayudarte”, es una frase que se escucha con frecuencia. Esto no solo normaliza la existencia de los tramitadores, sino que también los legitima como parte de un sistema paralelo, en el que quien paga más accede más rápido a los servicios públicos.
Para erradicar definitivamente esta práctica, se requiere una verdadera reforma en la atención ciudadana. La digitalización debe ir de la mano con la simplificación de procesos, con plataformas accesibles, amigables y funcionales. Además, es imprescindible una fuerte campaña de educación para que los ciudadanos confíen en el sistema y se empoderen en el manejo de sus trámites sin necesidad de intermediarios.
Mientras la burocracia continúe siendo un laberinto y los procesos no sean realmente eficientes, seguirán siendo el parche para un sistema roto. La verdadera modernización no solo es tecnológica, sino también cultural. Hasta que eso ocurra, los tramitadores seguirán vivos, adaptándose a cada nueva traba que el sistema imponga.