Felipe Pesantez
El daño ambiental resulta incalculable. Cuatro ríos de Napo han sido declarados «muertos» por la Universidad de Ikiam al contener 500 veces más metales pesados que lo permitido. En apenas 104 días, en la comunidad de Yutzupino se afectaron 100 hectáreas de cauce fluvial y se extrajeron aproximadamente 700 millones de dólares en oro. Mientras tanto, la provincia recibió únicamente 600,000 dólares en regalías durante dos años, según el SRI.
La inacción gubernamental ante este desastre no es casualidad sino causalidad. Pese a que Ecuador se adhirió al Estándar EITI en 2020—referente mundial para la transparencia en industrias extractivas—no existe un inventario confiable de concesiones activas, suspendidas o extinguidas. El Estado ecuatoriano ha ignorado sistemáticamente órdenes judiciales para implementar planes de reforestación en zonas devastadas, mientras la minería ilegal se expande inexorablemente, creciendo en 907 hectáreas después de que los colectivos ambientales ganaran una acción de protección contra el propio Estado.
Esta crisis es síntoma de un fenómeno más amplio y perturbador: la pérdida progresiva del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado ecuatoriano. Con campamentos mineros ilegales en 17 de las 24 provincias y una industria clandestina que genera hasta 11 millones de dólares diarios solo en Napo, asistimos a la consolidación de poderes paralelos que disputan el control territorial al Estado. La minería ilegal no es simplemente una actividad económica clandestina; representa la materialización de un Estado fallido en ciertas regiones, incapaz de garantizar seguridad, justicia ambiental y cumplimiento normativo. El precio de esta abdicación institucional lo pagan las comunidades abandonadas a merced de grupos criminales y un entorno natural condenado a la devastación.
La pregunta ya no es si podemos combatir la minería ilegal, sino si existe voluntad política real para enfrentar a quienes, desde dentro del propio aparato estatal, la fomentan, protegen y se benefician de ella. Mientras el oro siga brillando en los bolsillos de funcionarios corruptos, la única certeza es que los ríos amazónicos seguirán muriendo en el silencio cómplice de quienes juraron protegerlos.
